El Partido Socialista de Ourense ha presentado alegaciones a los presupuestos de la Diputación para el 2022 con el fin de que el presidente provincial, Manuel Baltar, «deje de usar el dinero público partidistamente para intereses personales».
Los socialistas acusan al presidente provincial de emplear una «concesión indiscriminada y masiva» de las subvenciones, de los fondos y «de proyectos a dedo» en lo que consideran «una feria del caciquismo que vulnera la ley y la Constitución».
Estas alegaciones se suman a una iniciativa que el partido defenderá en el pleno noviembre para pedir que las instituciones estatales actúen ante «el constante enfrentamiento del PP de Baltar contra la democracia».
De este modo, asegura, instan al Gobierno central y a la Federación Española de Municipios y Provincias a que impulsen una normativa para determinar criterios objetivos y equitativos de distribución de los fondos públicos de las diputaciones entre los municipios.
El viceportavoz socialista, Nacho Gómez, ha afeado que «no hay legislación que aguante lo que pasa en la Diputación de Ourense a nivel europeo», señalando que los vecinos «pagan de forma justa y equitativa» los impuestos pero luego «los fondos se distribuyen injustamente». «Esto no va a terminar en una cuestión administrativa porque vamos a seguir dando la batalla», ha afirmado.
En la misma línea se ha mostrado el secretario provincial de la formación, Rafa Villarino, trasladando que están estudiando todas las medidas posibles y, entre ellas, «también las legales que correspondan».
MAYOR TRANSPARENCIA
Así pues, defienden que «lo esperado en un Estado Social y de derecho» es que la Administración Pública gestione el gasto con criterios de equidad algo que, recriminan, «no sucede en el proyecto presupuestario aprobado para la Diputación de Ourense».
«Han convertido en regla general lo que es una excepción, las subvenciones nominativas», han criticado antes de reclamar una mayor transparencia «salvo que de forma expresa e intencionada se pretenda vulnerar lo estipulado en la ley».
«Pretendemos que los fondos se atribuyan territorialmente con criterios objetivos reduciendo drásticamente la discrecionalidad en la asignación», han concluido.
