Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han iniciado una «larga batalla judicial» que ha dado comienzo este martes con la petición de medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE).

Además, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo «va en sentido contrario» a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es «estrictamente protegida» pero al norte es «gestionable». Así, creen que desde el Gobierno central «han ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya».

Con estas actuaciones las comunidades que aglutinan «el 95%» de la población lobera de España, que mantendrán en las próximas semanas reuniones periódicas para abordar este asunto, confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una «tropelía» contra los ganaderos que «también va en contra de la propia especie».

Así lo han dicho los consejeros responsables del área de las cuatro comunidades y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, COAG, ASAJA y UPA, en una rueda de prensa que han ofrecido este martes tras reunirse en Santander con para abordar y coordinar su respuesta a la inclusión del lobo en el LESPRE.

En concreto, el titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha recibido en la sede de la Consejería a sus homólogos Alejandro Calvo (Asturias), Ángeles Vázquez (Galicia) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León); así como a Pedro Barato (ASAJA), Charo Arredondo (COAG) y Román Santallana (UPA).

Los consejeros han pedido «justicia y coherencia» para buscar la «coexistencia» entre el lobo y la ganadería extensiva y han confiado en que los tribunales les concedan las medidas cautelares solicitadas para poder seguir aplicando sus planes de gestión de la especie.

En este sentido, han asegurado que aunque se hagan controles de población lobera y «extracción» de ejemplares, esos planes ayudan a mantener la especie, ya que desde que se gestiona se encuentra en un estado «favorable» y con mayor presencia que en zonas en las que está más protegida, han subrayado los consejeros tras destacar su «unidad de acción», a pesar de formar parte de partidos políticos diferentes, por «la defensa de nuestro territorio y nuestra forma de vida».

Además, aunque han criticado el «desprecio» mostrado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia el mundo rural, han apelado nuevamente al «consenso» y le han pedido que «no tenga miedo al diálogo», porque una medida así «no se puede decidir de forma autoritaria y despreciando a los territorios».

«Nuestro objetivo ni muchísimo menos es acabar con el lobo», ha reiterado el consejero cántabro, que se ha mostrado «indignado» con las declaraciones de la ministra en las que alude a la «falta de diálogo» de las comunidades. También ha mostrado «profunda decepción» con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que trasladó su apoyo a los ganaderos en su visita a Cantabria pero «ha olvidado hasta lo que su propio Ministerio había pedido a Ribera».

En la misma línea, su homóloga gallega ha apuntado que la orden ministerial está «repleta de incoherencias» y de «falta de motivación científica», y ha destacado que gracias a estas cuatro comunidades afectadas «España puede presumir en Europa de que conserva al lobo».

La responsable autonómica en Galicia ha advertido del «gran impacto económico» que supondrá la aplicación de esta orden al «carecer» de dotación presupuestaria, al tiempo que ha censurado que el Estado rechazase aplicar un período transitorio a la aplicación del nuevo marco de portección.

«Son sobrados os motivos por los que las comunidades autónomas vamos a recurrir. Queda un camino largo, pero en el que confiamos en la justicia. Esperamos conseguir las medidas cautelares y, así, poder seguir haciendo esa gestión que es la que nos pide el territorio, por eñ bien del lobo, por el bien del resto de las especies, pero también por el bien de los ganaderos», concluyó Ángeles Vázquez.

En este sentido, el consejero de Castilla y León ha remarcado que la nueva orden «lo que hace es cargarse el modelo» que ha permitido su conservación, algo de lo que «el Ministerio tendría que lucirse».

Y desde Asturias, Calvo ha remarcado la situación de «gran inseguridad jurídica» para aplicar esos planes de gestión y ha pedido «no alimentar la polarización» y «comprometerse con un equilibrio» entre las ciudades y el medio rural.

DIMISIÓN DE RIBERA

Por su parte, las principales Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han avanzado que también van a recurrir judicialmente la orden porque es un «atropello» contra el sector ganadero y el mundo rural, han anunciado movilizaciones en la calle y han vuelto a solicitar la dimisión de la ministra Ribera si no «rectifica».

ASAJA, COAG y UPA, que han insistido en la necesidad de dialogar, van a mantener una nueva reunión en la que se determinará qué medida «contundente» van a adoptar frente a esta «tropelía» del Ministerio, a la que se sumarán «muchas» organizaciones.

Por parte de ASAJA, su presidente, Pedro Barato, ha dicho sentirse «muy defraudados» y «engañados», y ha afirmado que tanto la ministra como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «mienten», «dando la espalda» y tomando medidas que «van en contra» de la España rural, que «se está quedando vacía», si bien ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el «máximo responsable».

Por el contrario, ha destacado el apoyo al mundo rural y las reivindicaciones de los ganaderos por parte de presidentes como el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

En la misma línea, la responsable de ganadería de la Comisión Ejecutiva de COAG, Charo Arredondo, ha mostrado su «disgusto» por este decreto y ha criticado que las autoridades hablen de la España vaciada cuando «nos están vaciando ellos mismos».

«Se nos indemnice más o menos, el dinero no lo es todo. El corazón no se paga con dinero», ha señalado Arredondo en relación a lo que supone la pérdida de animales, quien cree que todavía «están a tiempo de volver para atrás» y «buscar el diálogo».

Finalmente, el secretario general de UPA, Román Santallana, ha destacado la «unidad de acción» alcanzada en términos políticos y sindicales en este asunto y ha afirmado que el lobo en España «está en fase de expansión», «mucho más» que en el resto de Europa.

Asimismo, ha añadido que las organizaciones agrarias han hablado también con las ecologistas del país. «Estamos todos a una», ha asegurado.

SLG Y MEMORIA ECONÓMICA

Por su parte, en un comunicado, el Sindicato Labrego Galego ha lamentado que la modificación de la situación del lobo «no esté adaptada» a la realidad de Galicia y critica que la inclusión de esta especie en el LESPRE haya derivado en una «guerra» entre las comunidades y el Estado.

Por su parte, la abogada especializada en Medio Ambiente, Pilar Martínez, también se ha pronunciado sobre el aumento de la protección al lobo ibérico que, a su juicio, «incumple principios básicos que la vician de nulidad» y perjudica a los ganaderos por «carecer de memoria económica» y de partidas presupuestarias para compensarlos.