El Gobierno gallego ha celebrado que la Administración del Estado haya decidido, como anunció el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, retirar el recurso que había presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley de salud de Galicia, tras un acuerdo alcanzado en el seno de la comisión bilateral.

Días después de que el TC levantase la suspensión cautelar de la mayor parte de preceptos recurridos –a excepción del apartado de vacunación–, Feijóo anunció que este miércoles se ha alcanzado un acuerdo en el grupo de trabajo constituido, en paralelo al proceso judicial, con la intención de negociar la redacción final del texto.

La Xunta ha emitido un comunicado en el que celebra el acuerdo sellado y explica, en la línea de lo avanzado por el jefe del Ejecutivo, que la ley recogerá una disposición adicional sobre la aplicación de las medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y de la estrategia estatal de vacunación.

Teniendo en cuenta ese acuerdo, la ley aclarará el carácter voluntario de la vacunación con carácter general, y que se aplicará de acuerdo con lo establecido por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo también con la estrategia nacional de vacunación vigente, en el marco de lo que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Además, las campañas de vacunación se van a articular sobre el principio de la colaboración voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias.

LA XUNTA RECUERDA QUE SIEMPRE ESTUVO DISPUESTA A NEGOCIAR

En base a este acuerdo, y una vez modificado el punto de la normativa, la Administración estatal ha anunciado su intención de desistir del recurso interpuesto ante el TC.

La Xunta –cuyos dirigentes siempre han defendido que la ley gallega no establecía «la vacunación obligatoria»– recuerda que «desde el primer momento» manifestó su voluntad de negociar la redacción del texto que había dado lugar al recurso, además de manifestar el paso dado por el Gobierno sin abrir antes «un diálogo» con la Administración autonómica.