El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha achacado a una «decisión política» adoptada en «abuso de autoridad» la multa impuesta por la Xunta al Ayuntamiento por una infracción en el control sobre la concesionaria de abastecimiento de agua, Aqualia, durante el período de sequía de 2017 tras rechazar un recurso contra la sentencia que la anuló el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, después de que el alto tribunal gallego rechazase el recurso interpuesto por la Xunta contra la sentencia que declaró nula la sanción de 10.500 euros que le había impuesto al Ayuntamiento al considerar que no se había producido una ausencia de control de la concesionaria.

Ante esta situación, el regidor olívico ha criticado que durante la sequía de 2017 el Gobierno gallego no realizase una reducción del caudal ecológico ni un transvase de emergencia y ha reprobado que impusiese una sanción «por decisión política y en abuso de autoridad». «No cooperó, intentó que nos quedásemos sin agua y nos puso una multa para intentar culpar políticamente al Ayuntamiento», ha denunciado.

En esta línea, ha lamentado el «permanente acoso contra la ciudad de Vigo» en el que, a su juicio, «está» la Xunta y se ha preguntado «quién va a sumir la responsabilidad» de la «gravísima decisión» que supuso la imposición de la multa al Ayuntamiento.

ORDENANZA

En otro orden de cosas, Abel Caballero ha avanzado que la modificación de la ordenanza de terrazas, que habilitará aquellas que cuenten con un cierre estable y puedan desmontarse de un modo sencillo, se someterá a votación en el pleno que tendrá lugar este miércoles. Así, ha valorado este cambio, que resulta «muy importante» y conllevará «más y mejor» hostelería, ocio y seguridad sanitaria.

Por otra parte, ha explicado que en el segundo trimestre de este año el pago a proveedores por parte del Ayuntamiento se realizó en 8,87 días, un periodo que ha resaltado que resulta inferior al tiempo de abono de la Xunta. Así, ha resaltado que entre abril y junio se efectuaron más de 1.400 pagos por valor de casi 32 millones de euros y ha afirmado que la celeridad de los mismos permite «apoyar la economía» al conllevar que «la gente que trabaja con el Ayuntamiento no tenga que ir a los bancos a buscar liquidez».