El Gobierno ha salvado en el Congreso la convalidación del decreto ley para estabilizar empleo en la Administración Pública gracias al apoyo acordado con Esquerra Republicana, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes.

El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda y el PSOE, ha permitido también el apoyo de Unidas Podemos, que hasta este miércoles no confirmó su voto a favor por sus reticencias al decreto que impulsó el ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante su etapa en Política Territorial y Función Pública.

Todos estos votos han resultado decisivos –ERC, Más País y Compromís se posicionaban en el ‘no’ apenas horas antes de la votación antes de la votación– frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, UPN, Coalición Canaria, el BNG y Foro Asturias. Teruel Existe finalmente ha votado a favor, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria y Nueva Canarias fueron los primeros que comprometieron su apoyo al PSOE.

AJUSTADA VOTACIÓN

De hecho, a la hora de votar se ha producido un empate a 170 votos. Ha sido un resultado con el que no se contaba, puesto que el bloque del ‘sí’ sumaba 172 sufragios, pero el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte no ha participado en la votación (no lo ha hecho en ninguna de las que se han producido este miércoles) y su compañera Rosa Medel ha votado en contra y lo ha hecho ‘en conciencia’.

Medel, diputada por Valencia, es especialista en oftalmología y tiene plaza fija en un centro público. Según han explicado fuentes del grupo confederal, ha optado por el ‘no’ por considerar insuficiente para los interinos el decreto aprobado por el Gobierno, incluso con las mejoras logradas en la última parte de la negociación y que se introducirán en el texto durante su tramitación parlamentaria.

En esta primera votación –tampoco en las del resto de la jornada– no ha participado la diputada de Junts Pilar Calvo. De haber votado en contra, como sus compañeros, el decreto habría sido derrotado a la primera puesto que los ‘noes’ habrían alcanzado los 171 frente a 170 ‘síes’.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha equivocado al sumar los votos telemáticos y presenciales y, en un primer momento, ha dado el decreto por convalidado, pero enseguida ha asumido su error y ha informado del empate.

Tal y como marca el Reglamento en estos casos hay que repetir la votación y así se ha hecho, aunque en esta ocasión sólo han podido volver a votar los diputados que estaban presentes en el hemiciclo y no los que habían emitido su voto con anterioridad, telemáticamente.

Medel, que estaba sentada en su escaño, ha decidido no participar en la segunda votación para inclinar la balanza a favor del decreto que finalmente ha sido avalado por 170 frente a 169. De haber persistido el empate, Batet debería haber suspendido la votación durante el plazo que hubiera estimado razonable. Si a la tercera, el resultado hubiera sido el mismo, el decreto habría decaído.

Durante la defensa del decreto, María Jesús Montero, nueva titular de Función Pública –el decreto es consecuencia de un pacto de los sindicatos de la Administración con Iceta– ha defendido los procesos de estabilización para dar salida a «un problema enquistado e intentar impedir que se pueda producir en el futuro, al menos en el próximo».

Un «borrón y cuenta nueva», ha dicho, para atajar una situación agravada, ha dicho, por la existencia de tasas de reposición que impedía convocar plazas fijas con las que consolidar puestos que se han ocupado de forma interina, pero también por el proceso «farragoso» de las ofertas públicas de empleo.

«Tenemos pendientes de resolver un volumen muy importante de convocatorias», ha incidido la ministra, anticipando «un largo camino por recorrer en los próximos años» hacia el objetivo de alcanzar un 92% de empleo público consolidado y limitar al 8% la temporalidad.

OPOSICIÓN NO ELIMINATORIA Y EXENTA PARA LOS INTERINOS MÁS VETERANOS

El acuerdo alcanzado con ERC que ha posibilitado la convalidación, y al que ha tenido acceso Europa Press, contempla la posibilidad de que comunidades puedan establecer que sus oposiciones no sean eliminatorias.

Asimismo, se eximirá de estas oposiciones, limitándose el acceso a una valoración de méritos, a empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años y para los cuales no se haya publicado la correspondiente plaza.

También se elimina el plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, llevándolo a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley que tramitará el Congreso. La aprobación de la ley, según el acuerdo, se contempla a mediados de octubre.