El Parlamento de Galicia ha reclamado al Gobierno central –una propuesta aprobada solo con los votos a favor del PPdeG, abstención del BNG y rechazo del PSdeG– que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de salud gallega.
Esta propuesta de los populares denuncian «un agravio comparativo» respecto al decreto ley de Baleares con «contenidos idénticos», a su juicio, a los que motivaron el recurso en el caso gallego, pero sin que el Gobierno «haya adoptado medida alguna al respecto».
En este sentido, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, remarca que las comunidades piden una reforma de la ley orgánica para «dar instrumentos» ante el marco «insuficiente» y para cubrir el «vacío legal». Así, subraya que Aragón y País Vasco cuentan con normas «semejantes» a la gallega, al tiempo que Baleares tiene en vigor un texto «idéntico» al de Galicia.
Respecto al artículo 38, que abre la puerta a la vacunación obligatoria en Galicia, que ha provocado el recurso de inconstitucionalidad, Puy señala que ha sido «copiado» en el decreto de Baleares en lo tocante al «sometimiento a las personas enfermas al tratamiento adecuado».
Por ello, critica las «disfunciones y contradicciones en el sistema público de sanidad» al tener esa autonomía su norma en vigor mientras en Galicia está «suspendida». «El recurso es un acto de sectarismo», ha sentenciado Puy.
«MENTIRA EVIDENTE»
En cambio, Julio Torrado (PSdeG) ha tachado de «mentira evidente» que las leyes de Galicia y de Baleares sean «idénticas». Arremete contra lo que considera una «burda manipulación del Parlamento» mediante un «debate falaz», que está «construido para el relato de la guerra y no de la solución».
Tras acusar de «hipócritas» a los populares, el diputado socialista ha explicado diferencias entre ambos textos. Señala que en la ley gallega «es posible obligar a vacunar a toda la población», mientras en Baleares se refiere a «grupos determinados en un momento determinado». Aquí pone el ejemplo de que se puede tomar la decisión de Francia de obligar a todos profesionales de sanidad a vacunarse, lo que «parecería razonable», «pero no a toda la población».
Otra de las diferencias a las que ha aludido entre ambas leyes es que la ley balear «impide la especulación» en las PCR y los test de antígenos, pero la norma gallega no limita precios.
Por su parte, Iria Carreira (BNG) ha dado la «bienvenida» a los populares a «ese reclamo del autogobierno», pero lamenta que «no puede ser demandado solo en función de quien está en Madrid».
Con todo, la diputada nacionalista censura que esta reclamación solo «se les acuerde» para quejarse de que «en las Baleares no les dicen nada», en lo que entiende como una versión de: «El profe me tiene manía».
