La Xunta ha lanzado una plataforma digital de núcleos rurales en estado de abandono para combatir la despoblación y reactivar estas zonas de la comunidad.
Esta herramienta se encuentra prevista en la Ley de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas y busca movilizar núcleos abandonados para atraer población, aunque, por el momento, solo ofrece información relativa a inmuebles situados en Sober (Lugo), el municipio escogido para la experiencia piloto de lanzamiento.
Precisamente, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha presentado la iniciativa en Sober, donde ha llamado a las demás entidades locales gallegas con núcleos rurales en situación de abandono a sumarse al uso de esta herramienta digital para atraer población.
Para difundir esta herramienta entre sus potenciales beneficiarios, la conselleira ha firmado un protocolo de colaboración con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela; el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Martín Bermúdez de la Puente, y el homólogo de este último en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Herminio Carballido.
Ángeles Vázquez ha explicado que los ayuntamientos pueden participar en la plataforma mediante la aportación de información sobre zonas y lugares en situación de abandono en sus términos municipales. Además, los particulares pueden utilizar la herramienta para sacar al mercado sus propiedades o para adquirir o alquilar inmuebles en un entorno rural.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
En otro orden de cosas, el comité de seguimiento del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020 ha analizado la ejecución presupuestaria del mismo, que alcanzó el 70% a finales del pasado año, lo que se sitúa por encima de la media europea (62%) y nacional (53%).
En concreto, en el marco del programa se invirtieron más de 830 millones de euros hasta finales de 2020. En relación a la totalidad de los compromisos adquiridos a finales del pasado año, el porcentaje de ejecución se sitúa en el 95% del programa, con un gasto público que supera los 127 millones de euros.
Las medidas que representaron un mayor porcentaje de ejecución financiera en 2020 respecto al importe programado fueron la ayuda temporal por la pandemia, los servicios de asesoramiento destinados a explotaciones agrícolas y los pagos a zonas con limitaciones naturales.
Además, las medidas con un mayor porcentaje acumulado a 31 de diciembre de 2020 fueron los pagos a zonas con limitaciones naturales, los de agroambiente y clima y los regimenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.
