El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha afirmado que el Ejecutivo acatará la resolución judicial que adopte la Audiencia Nacional sobre los recursos contra la prórroga de 60 años concedida a Ence por el gobierno de Mariano Rajoy en 2016, pero también ha pedido que tanto la Xunta como la empresa pastera cumplan los compromisos adquiridos.
Con ello se ha referido a la mesa de trabajo celebrada en Madrid el pasado 21 de abril, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Hay un compromiso por parte de la empresa de trasladar los estudios que se decía que tenían para la viabilidad del traslado en otras áreas», ha apuntado. La próxima semana finaliza el plazo para presentar esa documentación.
También el Gobierno gallego se había comprometido ante la ministra a estudiar la viabilidad de otros terrenos para ubicar a la factoría. «Aunque públicamente dicen que no lo van a hacer, en la mesa y delante del comité de los trabajadores y de la propia ministra adquirieron el compromiso», ha asegurado el representante del Gobierno central.
Miñones hizo estas declaraciones en el transcurso de la visita oficial realizada este miércoles al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
MANIFESTACIÓN A FAVOR
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras ha convocado para el próximo día 16 de julio en Pontevedra una manifestación a favor de la continuidad de la fábrica de Ence en Lourizán.
Según han informado este miércoles en rueda de prensa, esta movilización partirá de la calle Alexandre Bóveda y concluirá en Plaza de España, donde se encuentran las sedes del Ayuntamiento de Pontevedra y de la Subdelegación del Gobierno.
La presidenta del comité de oficinas centrales de Ence, Ana Cedeira, ha instado a toda la ciudadanía a acudir «masivamente» a esta manifestación por el «gran impacto económico y social» que supondría el cierre de la pastera para la ciudad.
Ana Cedeira ha informado que a lo largo de los últimos días han llegado las citaciones del Juzgado de Instrucción número uno de Pontevedra para que el próximo 13 de septiembre presten declaración por un supuesto allanamiento del local municipal las trece personas que el pasado mes de marzo irrumpieron en el despacho de la Alcaldía y arremetieron e insultaron al regidor Miguel Anxo Fernández Lores.
Cedeira considera que la judicialización de esta protesta por parte del alcalde es «absolutamente improcedente» y que el encierro en el Consistorio forma parte de la «tradición reivindicativa de la acción sindical».
En la rueda de prensa han insistido en responsabilizar al alcalde de Pontevedra del cierre de la fábrica. «Ya lo hizo con Elnosa», ha dicho, en referencia a la clorera que existía en el complejo industrial de Lourizán y cuyas instalaciones están siendo desmanteladas.
Por su parte, el secretario de organización de Comisiones Obreras en la comarca de Pontevedra, Juan Luis García Pedrosa, ha acusado al Ayuntamiento pontevedrés y al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dado los «pasos previos» para intentar influir en los magistrados de la Audiencia Nacional que decidirán la legalidad o no de la prórroga de la concesión de Costas para la empresa pastera.
Además, Pedrosa ha calificado de «paripé» la mesa de trabajo convocada por la ministra de Transición Ecológica, que reunió en Madrid a todas las partes afectadas en este conflicto. Para este sindicalista, aquella reunión fue «un acto de propaganda para trasladar el mensaje a la Audiencia Nacional de que no pasaría nada si el fallo fuese contrario a Ence».
También niega Pedrosa que el traslado de Ence se pueda efectuar con los fondos europeos para la recuperación de la crisis de la covid-19. «No hubo ninguna propuesta de ninguna institución para utilizar en este sentido los fondos Next Generation. No hay nada más que propaganda miserable», critica el dirigente de Comisiones Obreras, convencido de que «no hay lugar para instalar Ence en cualquier otro sitio de Galicia».
