La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado que las medidas establecidas en los protocolos sobre actuaciones y organización en los órganos judiciales y sobre la celebración de actuaciones telemáticas, para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, continúen vigentes a partir del próximo 20 de junio.

Así lo informa el alto tribunal gallego que explica que será así «excepto en lo relativo a la posibilidad de celebración de actos procesales en horario de mañana y tarde, que terminará ese día, y de las normas y reglas previstas para la tramitación preferente de determinados procedimientos, cuya vigencia ya finalizó».

La comunicación aprobada por el pleno de la Sala de Gobierno el pasado 28 de mayo ha establecido que los protocolos serán válidos hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria o se apruebe alguna norma legal o reglamentaria que los deje sin efecto.

En concreto, continúan vigentes las medidas relativas a la celebración de actos procesales mediante presentación telemática; las normas y criterios sobre celebración de las actuaciones procesales, la utilización de las salas de vistas y el cumplimiento de las normas sanitarias en el uso de los edificios judiciales, así como la atención preferente al público por teléfono o correo electrónico y, en caso de que sea presencial, con cita previa.

En ambos protocolos, según explica, se recoge un conjunto de normas y medidas de carácter organizativo y tecnológico que, en el marco de la crisis sanitaria, «resultan necesarias para evitar situaciones de contagio, garantizando la distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas, salvaguardando, en determinados casos, la presencialidad del investigado/a o del acusado/a en el ámbito penitenciario o las exploraciones médico-forenses».

Además, en ellos, se fomentan «medidas para incorporar las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, evitando, en la medida del posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales».