La Xunta ha trasladado a Endesa la propuesta de resolución de imposición de dos sanciones por el episodio de turbidez generado en el río Eume el pasado año, al tiempo que le demanda que asuma el coste de las obras que fue preciso acometer en la potabilizadora de Pontedeume para garantizar el abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad.

Por su parte, fuentes de la empresa consultadas por Europa Press señalan que la compañía estudiará la resolución una vez que la reciba formalmente y presentará el correspondiente recurso.

En concreto, la propuesta de resolución de imposición de dos sanciones por incumplimiento muy grave la ha trasladado Augas de Galicia a la empresa Endesa Generación SA.

La primera de ellas, apunta, se refiere a la desatención al requerimiento notificado el 8 de agosto de 2020 por Augas, que pedía a la explotadora que cumpliera con el régimen de explotación habitual manteniendo la cota mínima de explotación en 306 msnm (metros sobre el nivel del mar), «garantizando en todo caso el mantenimiento del caudal ecológico».

«Endesa Generación SL desatendió el requerimiento debidamente notificado, continuando con el proceso de descenso de cota no autorizado hasta el día 28, momento en el que se constata la aparición de turbidez en el embalse», apunta la Consellería de Infraestruturas.

Por no apreciar «ningún atenuante», según señala, «procede imponer la sanción prevista en la ley de aguas de Galicia en su cuantía máxima, 600.000 euros».

La segunda, «porque Endesa Generación SL modificó el régimen de explotación del embalse sin autorización administrativa incumpliendo las obligaciones que le corresponden como titular de la presa con graves consecuencias», según la consellería.

En este caso se consideraron atenuantes que la empresa está tramitando la autorización administrativa de las normas de explotación del embalse del Eume y que los controles llevados a cabo en su plan de vigilancia ambiental del proceso de descenso «sirvieron para detectar la turbidez e interrumpir el descenso programado, evitando así una afección aún mayor».

Por estas razones, Infraestruturas entiende que procede imponer la sanción prevista en su cuantía mínima, por valor de 350.000 euros.

OBRAS

Además, la mencionada ley contempla que, con independencia de las sanciones, se podrá exigir a los infractores la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al dominio público y la reposición de las cosas a su estado anterior.

Según Augas, estos daños están valorados en algo más de 930.000 euros, correspondientes a las actuaciones que hubo que realizar para garantizar el servicio de abastecimiento y para realizar el correcto seguimiento ambiental que permitió adoptar acciones correctoras.

Por ello, entre las propuestas de resolución se añade que la reparación de esta cuantía (932.284,45 euros) «será exigible a la infractora en concepto de indemnización».

La empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones a estas resoluciones. Una vez transcurra, Augas preparará el expediente oportuno para ser elevado al consejo rector del organismo, el competente al tratarse de sanciones tipificadas como muy graves.

POSTURA DE ENDESA

Por su parte, las fuentes de Endesa indican que la empresa procedió «correctamente» y defienden que «dio los avisos correspondientes» sobre la explotación del embalse y el régimen concesional.

En concreto, alegan que el 12 de agosto tuvo lugar un episodio de lluvias torrenciales concentrado en un corto periodo de tiempo, lo que generó un aumento de la turbidez en las zonas de cola.

A mayores, informan de la existencia de varios informes periciales «que avalan el correcto proceder de Endesa».