La conselleira do Mar, Rosa Quintana, espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dé la razón a la Xunta ante el recurso contencioso administrativo que presentó el Ministerio de Transición Ecológica contra la orden de diciembre del año pasado por la que se aprobó el plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023.

En declaraciones a los medios de comunicación, y antes de reunirse por la tarde con el sector para trasladarle la situación, la titular del Gobierno gallego en materia marítimo pesquera, Rosa Quintana, ha cargado contra «una postura más de la señora Teresa Ribera (la ministra) que (a su juicio) viene acreditando una actitud muy beligerante para un sector tan importante para Galicia como el marítimo pesquero».

De momento, según ha indicado la conselleira, los mariscadores «están trabajando normalmente» puesto que por ahora «no hubo decisión de suspensión cautelar de la actividad». «Y espero que no la haya, porque, si no, todo el sistema de trabajo y de buena gestión que vienen acreditando se vería en el aire y sometería a una indefinición la posibilidad de trabajar de una forma organizada que es como venimos haciendo aquí desde el año 1981», ha aseverado.

Por su parte, fuentes de Transición Ecológica consultadas por Europa Press apuntan que el ministerio «comprende la lógica preocupación que se haya podido generar en el colectivo de mariscadores» –que ya ha anunciado que se presentará como parte afectada– pero incide en que dicha inquietud «no se puede achacar a quien cumple y pide que se cumpla la normativa vigente, sino a la parte que claramente incumple y además persiste en ello».

REQUERIMIENTO Y RECURSO

El ministerio hizo a la consellería un primer requerimiento «en que decía que por no haber pedido un informe preceptivo y vinculante se debería anular la orden y si no irían al contencioso administrativo», ha explicado Rosa Quintana.

«Respondimos a ese requerimiento clarificándole que (con esa orden) nosotros no dábamos ni autorizaciones ni concesiones en zona de dominio público marítimo terrestre ni marítimo», ha relatado.

Lo «único» que se hace, según ha defendido la conselleira do Mar, es «regular una actividad» para la que la comunidad tiene las competencias, como así lo viene haciendo «desde que existe la autonomía». «Por tanto, no nos parecía necesario ese informe preceptivo y vinculante, que sí lo es para cuando hay que dar una actividad en una zona de concesión o de autorización de dominio público marítimo terrestre», ha añadido.

Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica «lo que contestó fue presentando el recurso contencioso administrativo», ha recriminado la conselleira.

Ante todo esto, Rosa Quintana espera que el TSXG «tenga en cuenta» lo que hace la comunidad «para regular de la forma más sostenible posible la actividad de los más de 3.400 mariscadores a pie y más de 4.000 a flote» y le dé la razón al Ejecutivo autonómico, de modo que «se continúe pudiendo desarrollar una actividad que es ejemplo en toda la Unión Europea».

La decisión, en cualquier caso, tiene «bastante sorprendidos a todo el equipo de la consellería». «La actividad marisquera es una competencia asumida en el estatuto de autonomía para la que tenemos competencias exclusivas», ha reiterado.

MINISTERIO

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica remite a los artículos 112 de la ley de costas y 30 de la ley de pesca de Galicia para justificar que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar estimó «oportuno» solicitar a la Xunta que derogara dicho plan, porque lo había aprobado «sin contar con el preceptivo informe del ministerio, tal y como prevén», dice, esos preceptos.

«La Xunta rechazó este requerimiento –en escrito de fecha 15 de marzo de 2021– y lo hizo sin fundamento jurídico», a juicio del ministerio. «Por ese motivo se solicitó de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos-Abogacía General del Estado la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo (que se autorizó por la Abogacía el 13 de abril)», argumenta.

Las competencias estatales en materia de Costas se ejercen «a menudo», según el Gobierno central, en forma de informe preceptivo y vinculante previo a la adopción de resoluciones de competencia de otra administración, autonómica o local, entre las que cita planeamiento, ordenación litoral, gestión del DPMT en ciertas comunicades, planificación del marisqueo y la acuicultura.

«La ausencia de ese informe del titular del espacio demanial (el Estado) es un defecto que no puede pasarse por alto y debe subsanarse. La Xunta, que conoce todo lo previsto en la legislación, no pidió el informe con carácter previo, ni tampoco subsanó su carencia tras requerírsele en ese sentido. Por ese motivo se ha interpuesto el recurso contencioso administrativo», sentencia.

De este modo, asegura que «no hay injerencia en competencias autonómicas, sino incumplimiento por parte de la Consellería do Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal, incluso tras requerirles expresamente a fin de evitar la impugnación jurídica».

Transición Ecológica resalta así que comprende «la lógica preocupación que se haya podido generar en el colectivo de mariscadores», pero añade que «esta inquietud no se puede achacar a quien cumple y pide que se cumpla la normativa vigente, sino a la parte que claramente incumple y además persiste en ello».

«Si la Xunta hubiese atendido el requerimiento formal de la Dirección General de Costas se habría evitado el recurso contencioso administrativo», concluye.

EL SECTOR

Por su parte, la federación gallega de cofradías expresa su «sorpresa» ante lo que considera «una nueva injerencia desde Madrid», en concreto del Ministerio de Transición Ecológica contra la organización del marisqueo en Galicia.

Ante la convocatoria, por parte de Mar, de los patrones mayores para informarles sobre el recurso, la federación anuncia que «ante la gravedad del hecho» se presentará como parte afectada, al interpretar que tiene «un interés legítimo en el asunto».

«Solo podemos entender esta cuestión como un ataque frontal a la ejemplar regularización y gestión del sector profesional del marisqueo en Galicia», afirma en un comunicado de prensa.

En este sentido, muestra su «incredulidad» y culpa al ministerio de no estar favoreciendo el desarrollo social y económico en la comunidad gallega, «desatendiendo peticiones legítimas como la modificación de la ley de costas y ahora poniendo en duda la ejemplar gestión de los recursos marisqueros en Galicia».