El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha reprochado al Gobierno local el «derroche de dinero público» que va a suponer el proceso judicial que afecta a la administración derivado de la adjudicación del contrato para la gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En rueda de prensa, Domínguez se ha referido a un concurso público, que asciende a 200.000 euros, al que se presentó la empresa Eibisa Norte SL y en el que esta ocupó el primer lugar al contar con la mayor puntuación de todas las que se presentaron.

Sin embargo «y de forma absolutamente ilógica», añade, desde el Ayuntamiento alegaron que la empresa presentaba una «baja temeraria». Es decir, al órgano de contratación «le suscitaba dudas» de que la firma tuviese la posibilidad de llevar a cabo la gestión del IBI pues «entendían que el precio propuesto era demasiado bajo».

Acto seguido, el Ayuntamiento concedió el contrato «a la segunda empresa». Eibisa Norte recurrió a los tribunales al estar en desacuerdo con la decisión del Gobierno local, alegando que la diferencia entre su oferta y la escogida es «de solo 99 céntimos».

El Tribunal de Contratación Administrativa falló a su favor y el Gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores recurrió esta nueva decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, proceso que la Administración local volvió a perder.

Domínguez ha lamentado que este proceso muestra «la absoluta incapacidad del Ayuntamiento para hacer las cosas de una forma correcta». «Expulsar una empresa, con un contrato de más de 200.000 euros, por una baja temeraria, por una diferencia de 0,99 euros, es una tomadura de pelo a los pontevedreses, a los contratos públicos y a los procesos de selección», ha considerado.

Es por ello que el representante popular ha advertido de que el Ayuntamiento «está tirando el dinero de los pontevedreses» y que su forma de actuar «indica un absoluto desprecio por la normativa de contratación».

RESPUESTA MUNICIPAL

El concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González ha salido al paso de la denuncia del Partido Popular para justificar que este contrato de adjudicación fue aprobado por unanimidad en la Mesa de Contratación en la que estaban presentes la interventora, el asesor jurídico, el jefe del servicio de contratación, el jefe de la unidad gestora que hace la tramitación junto al presidente y los vocales de los distintos partidos con representación municipal que asistieron al encuentro

Según ha incidido el concejal, esos son los técnicos que «fiscalizan» la gestión municipal y «el deber de los responsables políticos es velar porque esta propuesta vaya hasta su último término», ha defendido González Carballo.

Además, según el concejal nacionalista, Domínguez era el presidente de la Comisión de Cuentas en esa época por lo que, si «había algún problema», debería llevarlo a dicho foro. «Al portavoz del Partido Popular le faltan cuatro hervores», ha afirmado Raimundo González.

Respecto a la decisión de la Mesa de Contratación de expulsar a la empresa, González lo ha justificado «técnicamente» y ha puesto como ejemplo que «por debajo del puente de Eduardo Pondal hay un límite, si pasas dos milímetros ya no cabe el coche».

En cuanto a que los tribunales han dado la razón a la empresa frente a la administración local, el concejal de Hacienda ha valorado que «en el Concello no son infalibles» pero ha insistido que «siempre» intenta defender sus posiciones.

«Poner en duda a los técnicos municipales porque a ti te falta un padrenuestro me parece gravísimo», ha señalado, para reiterar que esta adjudicación «es un proceso reglado en el que no cabe discrecionalidad política»