El cuerpo de la viguesa Déborah Fernández-Cervera, que apareció en 2002 en una cuneta de O Rosal (Pontevedra) unos días después de su desaparición, ha sido exhumado este martes, tras la autorización del juzgado de instrucción de Tui, para que los peritos forenses analicen los restos en busca de posible indicios que arrojen luz sobre su muerte.

Así, en presencia de la familia, de sus abogados y peritos de parte, así como de forenses del Imelga (entre ellos Fernando Serrulla, de la Unidad de Antropología Forense de Verín), la secretaria del juzgado e investigadores de Policía Nacional, se ha procedido a la extracción del féretro del panteón familiar, en el cementerio de Pereiró. Los restos de la joven han sido trasladados a dependencias de una empresa fúnebre y está previsto que luego sean llevados al hospital Meixoeiro de Vigo para unas primeras pruebas y, finalmente, al hospital Nicolás Peña, también en la ciudad olívica.

Según ha explicado uno de los abogados de la familia, Ignacio Amoedo, los forenses buscarán alguna pista que lleve a aclarar las circunstancia de su muerte, como ADN bajo las uñas o indicios de alguna fractura ósea, ya que en la autopsia que se le hizo hace casi dos décadas, solo se radiografió el cuerpo de cuello para arriba.

En todo caso, el letrado ha reconocido que es posible que «tantísimos años después» los restos no estén en condiciones para obtener información relevante, y ha lamentado que «esto se esté haciendo en 2021, cuando tenía que haberse hecho en 2002». «Si estamos ahora aquí es porque se han hecho mal las cosas, y a lo mejor ahora ya no hay solución», ha señalado.

Asimismo, ha precisado que, incluso aunque puedan obtenerse pruebas de ADN que impliquen a alguna persona en el crimen, dichas pruebas tampoco serían definitivas porque «no derivarían necesariamente en una acusación de asesinato». «Ha sido esperpéntico todo el proceso hasta aquí, una chapuza en muchos aspectos, y la familia tiene sensación de frustración», ha proclamado.

«AFERRARSE» A POSIBLES NUEVAS PISTAS

En ese sentido, ha recordado que, en algún momento de la instrucción, se llegó a valorar incluso la posible «muerte súbita», un extremo que la familia y sus peritos han negado siempre, y ha vuelto a insistir en que «hay que aferrarse» a las posibles pistas que salgan de los nuevos análisis del cuerpo, así como del disco duro (ya en posesión de la empresa Lazarus Technology) y de la agenda personal de la víctima.

«Tenemos un año por delante, hay que seguir luchando, tenemos que agarrarnos a la esperanza», ha señalado Ignacio Amoedo, en alusión al plazo de prescripción de este caso, que finaliza en 2022. No obstante, ha expresado su convencimiento de que, independientemente de lo que pase en los próximos meses, la familia «seguirá luchando más allá del plazo de prescripción».

En opinión de este abogado, lo ocurrido con el crimen de Déborah Fernández, «es un caso de libro» de responsabilidad patrimonial del Estado «por un deficiente funcionamiento de la administración de Justicia».

«DÍA DURO PARA LA FAMILIA»

Por su parte, tanto la madre como la hermana de Déborah han agradecido el apoyo recibido, especialmente por los medios de comunicación, y han constatado que, «si no llega a ser por la presión mediática», no hubieran llegado hasta donde lo han hecho, hasta la exhumación del cuerpo de la joven.

«Es un día muy duro para mi familia, por vernos en la obligación de levantar el cuerpo de mi hermana después de 19 años», ha lamentado Rosa Fernández-Cervera, quien ha señalado que, de no ser por la atención mediática que ha tenido el caso, no habrían podido avanzar. «Parece mentira que tengamos que vender nuestra piel al diablo», ha añadido.

«ESTAMOS CERCA»

En el proceso de exhumación de este martes ha estado también presente el criminólogo Óscar Tarruella, perito de la familia, quien ha señalado que se hará un estudio «muy minucioso» de los restos tanto por parte de los forenses del Imelga, como del experto contratado por la familia, Aitor Courel. «La de hoy es una jornada dura pero necesaria, y es el reconocimiento de que hubo un error institucional que debe ser reparado», ha afirmado.

Además, ha señalado que el análisis de los restos, así como del disco duro del ordenador de Déborah y de su agenda, «junto con otras piezas del puzzle» permitirán «dar caza al asesino» de la joven. «Estamos cerca, si yo fuera esa persona, de la que ha sospechado siempre la Policía, no estaría tranquilo», ha afirmado.

Al respecto, Tarruella ha mostrado su esperanza de que el avance de la ciencia y la tecnología permitan obtener información adicional para este caso, e incluso que, si hay restos de ADN, se puedan cotejar con muestras indubitadas que fueron extraídas en el marco de la investigación.

Déborah Fernández-Cervera desapareció en 2002, cuando tenía 21 años de edad, después de salir de su casa para hacer deporte. Su cadáver fue localizado diez días después, rodeado de pistas falsas, en una cuneta de O Rosal, y nunca hubo nadie detenido ni formalmente imputado por este crimen.

La investigación de esta muerte se archivó en 2010, pero el juzgado emitió un auto para su reapertura a finales de 2019. Desde entonces, se ha tomado declaración a varios testigos y se han autorizado diversas pruebas periciales, una de ellas ha sido la exhumación de su cuerpo.