El PSOE, el PP y Vox quieren que las Cortes insten a las diputaciones provinciales a fijar criterios objetivos para el pago de pluses de productividad y, además, los de Pablo Casado y los de Santiago Abascal reclaman que se establezcan mecanismos para que aquellos cargos electos de las diputaciones que han recibido retribuciones o indemnizaciones indebidas, las devuelvan.

Así consta en las propuestas de resolución registradas por los grupos parlamentarios al informe de fiscalización llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos de personal e indemnizaciones por razón de servicio de las diputaciones y organismos autónomos de comunidades que carecen de órganos de control externo propios.

En sus iniciativas, recogidas por Europa Press, PSOE, PP y Vox coinciden en instar a estos órganos provinciales a desarrollar los criterios de asignación de los incentivos al rendimiento destinados a su personal, en particular, «mediante el establecimiento de sistemas basados en elementos objetivos para la evaluación del desempeño, a los efectos de la retribución por productividad o conceptos equivalentes».

Asimismo, les emplazan a mejorar sus instrumentos de planificación en materia de personal y a fijar los mecanismos necesarios para garantizar la publicidad y concurrencia en los procesos de selección de personal.

El PP y Vox enfatizan la necesidad de que también se mejoren los sistemas de control interno sobre los abonos por retribuciones, asistencias a órganos colegiados e indemnizaciones por razón del servicio de los cargos electos, en función de su régimen de dedicación. El objetivo: garantizar que se perciben por miembros que tienen derecho a ellos y que quien los haya cobrado indebidamente, los devuelva.

CURRÍCULUM DE LOS CARGOS ELECTOS

El PSOE, por su parte, apuesta por mejorar la formalización y automatización los sistemas de control interno de las diputaciones, adoptando un sistema de fiscalización previo las que carezcan del mismo y realizando también actuaciones de control financiero posterior.

Además, el PP y Vox quieren que se invite a las diputaciones a mantener actualizados por sus portales de transparencia, así como incrementar la información publicada en los mismos, en particular la relativa a la trayectoria profesional de los cargos electos.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, también votará próximamente las propuestas registradas por los grupos al informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno por parte de las entidades locales.

En esta materia, los tres principales grupos del Congreso plantean que se inste a los ayuntamientos a implantar portales de transparencia donde se publique la información exigida por la normativa estatal y autonómica, presentado la información de manera «clara, estructurada, entendible y actualizada».

Vox especifica en todas sus propuestas que la implantación de estas medidas debe hacerse velando por la eficiencia en el gasto público, es decir, «sin comportar un aumento del mismo» y el PSOE defiende que se realicen actividades de difusión para el conocimiento del Portal de Transparencia.

LLAMAMIENTO A LOS INTERVENTORES

Asimismo, Vox y el PP quieren que se inste a los entes locales a ofrecer más información sobre el régimen de organización y funcionamiento del sector público local, como lo relativo a las relaciones de puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno.

Ambos demandan también que se adopten disposiciones y procedimientos específicos para la exigencia de responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como que se regule en las entidades locales la figura del alto cargo o asimilado para poder aplicar el régimen sancionador de la ley estatal.

Los ‘populares’ y Vox coinciden, igualmente, en incluir un llamamiento a las personas responsables de la intervención municipal para que insistan «en la apreciación de los hechos advertidos en el ejercicio de su control interno de la actividad económico-financiera que sean susceptibles de constituir infracciones», que los comuniquen al órgano competente y que, en su caso, se dé traslado al Tribunal de Cuentas «por si procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable».