La Diputación de Lugo ha formalizado este martes ante notario la extinción de la Sociedade Urbanística Provincial (Suplusa), cuya disolución fue acordada por unanimidad en pleno de la corporación provincial en septiembre de 2019.
De este modo, la administración luguesa asume los bienes y obligaciones de la empresa mercantil creada bajo la presidencia del popular Francisco Cacharro Pardo para la promoción del suelo industrial en la provincia.
Así, la diputación se hace cargo de las propiedades a nombre de Suplusa, valorados en 24,3 millones y que van desde terrenos y parcelas a edificios, naves, maquinaria, medios auxiliares o vehículos.
También quedan bajo gestión de la diputación que preside el socialista José Tomé los polígonos industriales que hasta ahora eran titularidad de Suplusa.
La gestión de parques industriales era, según recuerda el gobierno lugués, el único servicio en manos de la sociedad después de que en 2018 fuesen retiradas las competencias sobre los centros de atención a mayores y en 2020 se adjudicase a Tragsa las tareas de conservación de zonas verdes.
En un comunicado, el gobierno provincial incide en que el proceso supone «mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo» de la sociedad y resalta que la finalización del proceso de disolución de Suplusa supone eliminar «el último ente instrumental» de la Diputación luguesa, lo que da cumplimiento a uno de los puntos del pacto de gobierno sellado entre PSdeG y BNG al inicio de la legislatura.
POSTURA DEL PP
Por su parte, el PP de Lugo ha apuntado que la desaparición de Suplusa conlleva «la paralización» de los proyectos de creación de suelo industrial «porque así lo quiere el gobierno provincial» al «incumplir» los compromisos con los ayuntamientos.
«Es necesario atender esos compromisos, porque Lugo necesita suelo industrial», ha incidido el diputado José Antonio García, que también advierte de los «incumplimientos» del ejecutivo provincial con los extrabajadores de Suplusa.
«Hay que recordar que este asunto está pendiente de resolver en vía judicial, dado que los traballjadores, que se sintieron traicionados por el presidente da Deputación tuvieron que acudir a esta vía en defensa de sus derechos», ha incidido el diputado provincial.
