Galicia cerró 2020 con un déficit de 46 millones de euros, lo que supone un 0,08% de su producto interior bruto (PIB), según los datos que publica este lunes el Ministerio de Hacienda.

En cuanto al impacto en gasto sociosanitario derivado por la pandemia de la covid en la comunidad, el miniterio lo fija en 315 millones, un 0,54%.

En global, el déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró el pasado año en el 10,09% del PIB como consecuencia del mayor gasto para hacer frente a la pandemia, tras situarse en 113.172 millones de euros, lo que supone un incremento de 77.557 millones respecto al ejercicio anterior. Incluyendo la sareb, el déficit público se situó en el 10,97% del PIB.

Así se desprende de los datos de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2020 expuestos este lunes en rueda de prensa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El dato final se sitúa más de un punto por debajo de la estimación del Gobierno (11,3%) y es la segunda cifra más alta de la historia, después de que en 2012, el peor año de la crisis financiera, el déficit se situara en el 10,6% del PIB, incluyendo el rescate a la banca.

La distribución por subsectores muestra que la Administración Central asumió la mayor parte del coste de la pandemia, con una tasa de déficit que se situó en el 7,49% del PIB; las comunidades registraron un déficit hasta el 0,21%; la Seguridad Social, del 2,65%; y las entidades locales presentaron un superávit del 0,26% del PIB.

Este resultado se debe a un aumento del gasto en 53.070 millones de euros respecto al año anterior, y el 85% de esta cifra corresponde a medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.

En concreto, se tratan de 44.907 millones ligados directamente a las políticas discrecionales puestas en marcha para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia, de los que más de 40.000 millones, el 90% del total, han sido asumidos por el Estado.

Según ha desglosado la ministra, 21.520 millones corresponden a ERTE, Incapacidad Temporal y Cese de Actividad; 8.284 millones, a gastos Covid y sociosanitarios en las CCAA; 7.791 millones a exoneraciones de ERTE y autónomos y 7.312 millones corresponden al resto de gastos relacionados con la pandemia.

Gran parte del gasto público no vinculado a políticas anti-Covid hay que atribuirlo también a la intervención de los estabilizadores automáticos, como las prestaciones de desempleo, que aumentaron más de 5.000 millones de euros.

El gasto aumentó por el impulso de partidas como subvenciones y prestaciones sociales. En concreto, las subvenciones aumentaron un 71% y alcanzaron los 21.420 millones, mientras que las prestaciones sociales subieron un 15,9%, hasta los 228.115 millones.

Por su parte, los ingresos reflejan una caída en 24.487 millones, un 5% menos, registrándose un descenso de la recaudación fiscal en 21.674 millones, un 7,8% inferior. En concreto, los impuestos indirectos han caído un 11% y los directos, un 3%. En cambio, las cotizaciones sociales han crecido un 0,8%.

Sobre el plan de consolidación fiscal, Montero indicó que este debate se afrontará cuando la Comisión Europea decida volver a las reglas fiscales, si bien es posible que incluso la suspensión continúe en 2022, como ha pedido España y otros países de la UE.

Pese a ello, dijo que el Gobierno «no está desatendiendo» la reducción del déficit, ya que este año ya hay un recorte hasta el 7,7% del PIB, cifra que, según admitió, se revisará cuando se envíe a Bruselas en abril el nuevo plan de estabilidad, aunque no concretó si se mejorará o empeorará.