La federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) ve «injustificadas» las críticas del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la labor de los ayuntamientos gallegos para combatir la crisis de la covid.

Así responde, a través de una nota de prensa, a las declaraciones de este miércoles del vicepresidente gallego, quien, en el Parlamento, denunció que algunos consistorios «no están haciendo absolutamente nada», lo que resulta «muy grave». En concreto, reprobó que parte de los municipios no tramiten las sanciones interpuestas para controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Al respecto, la Fegamp taca de «injustificadas e inadecuadas» las declaraciones, pues «se pretende generar dudas» sobre la colaboración de los ayuntamientos en el control de las medidas de contención de la covid-19.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, considera las manifestaciones «improcedentes», ya que «levantan dudas gratuitas sobre la acción de las administraciones locales sin precisión ni fundamento».

«Estas declaraciones son incomprensibles, ya que pueden generar en la ciudadanía una sensación de inseguridad y/o impunidad ante conductas irresponsables, algo que va en contra tanto de la labor, como de los mensajes de los ayuntamientos: máximo trabajo e impunidad cero contra el incumplimiento», ha criticado Alberto Varela.

«MÁXIMA PREDISPOSICIÓN»

La Fegamp ha recordado que los municipios colaboran en la gestión de la crisis sanitaria «desde el inicio de la misma y con la máxima predisposición», trabajando «mano a mano» con el Gobierno central y con la Xunta de Galicia y «asumiendo labores incluso más allá de sus competencias, aportando sus propios recursos económicos, materiales y humanos sin haber recibido ningún fondo extraordinario, con los que sí contaron otras administraciones».

Es por este motivo que la federación ha instado a que, de considerar que se produce alguna irregularidad o deficiencia, y en beneficio de toda la ciudadanía, «se activen los mecanismos formales y resolutivos que deben regir en la buena colaboración y lealtad institucional: informar a las autoridades competentes, analizar el origen de la situación y aportar los medios materiales económicos y humanos para corregirla».

Con todo, recalca lo «injusto» del cuestionamiento de su «máxima implicación, colaboración y diligencia» en la lucha contra la pandemia, y reclama «la misma actitud» por parte de otras administraciones en unos momentos en los esfuerzos «deben centrarse en remar en la misma dirección».