El Instituto Galego de Consumo medió en 440 reclamaciones por el cobro de comisiones bancarias y el 90% de ellas se resolvieron a favor del cliente, según ha informado el director xeral de Comercio, Manuel Heredia.

En la comisión de economía del Parlamento, ha recordado que en julio la Xunta trasladó su preocupación al Banco de España «dado el especial contexto» como consecuencia de la crisis de la covid.

«Mantuvimos una reunión con la entidad bancaria implicada para mediar», ha señalado a continuación, sin citar a Abanca. La «preocupación» del Gobierno gallego se centraba en especial en «los clientes más vulnerables».

Al respecto, Heredia ha aportado los datos de mediación en 440 reclamaciones y el 90% de ellas resueltas a favor del consumidor.

Asimismo, ha reivindicado que en enero «por iniciativa de la comunidad autónoma de Galicia» el Ministerio de Consumo y las comunidades acordaron un «criterio único que considera injustificado que una entidad bancaria modifique las condiciones del contrato de forma unilateral o con fin de cobrar comisiones si la oferta comercial incluye las expresiones ‘sin gastos’ y ‘sin comisiones’, tal y como planteaba Galicia».

Ese, según ha resaltado el director xeral en la comisión, será el «criterio único que servirá de base para resolver las reclamaciones» en esta materia.

Por su parte, la diputada del BNG Noa Presas, quien le preguntó sobre estos «abusos», ha lamentado que las entidades estén utilizando «la coartada de la covid» para implantar nuevas condiciones, y ha reclamado «más contundencia y más actuación» por parte de la Xunta.

EJECUCIÓN DEL IGAPE

Por su parte, la socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha cuestionado en la misma comisión por la «baja ejecución presupuestaria» de los créditos consignados por el Igape para los años 2016-2019.

Su director, Fernando Guldrís, ha explicado que el Igape «en la medida de sus posibilidades se intenta adecuar al ritmo en el cual los proyectos se ejecutan», y que «por eso una parte importante de las actuaciones se dirigen a iniciativas con un marco de ejecución plurianual».

Además, ha añadido que «es habitual que las empresas soliciten ampliaciones de plazo» y por todo ello ha concluido que «para evaluar el grado de ejecución hay que tomar los datos de varios ejercicios», puesto que, «de lo contrario, desde el punto de vista técnico se estaría haciendo un análisis sesgado».

A modo de balance, ha apuntado a los «más de 660 millones de euros comprometidos por el Igape» en el periodo 14-20, lo que arroja una media de 94 millones anuales.

En 2020 son, de acuerdo con sus datos, «más de 150 millones comprometidos para ayudar a hacer frente fundamentalmente a la crisis de la covid».