La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, asegura que la Xunta hace un «riguroso» control del cumplimiento de las condiciones medioambientales en la planta de Ence en Pontevedra, de manera que las auditorías realizadas en los últimos años muestran que el cumplimiento por parte de la empresa «es total».
En la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial, el diputado Luís Bará (BNG) ha reclamado a la Xunta que explique cuál es la situación de la fábrica de celulosas tras las recientes palabras «extremadamente graves y preocupantes» del consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, en las que aseguró: «En Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto medioambiental mayúsculo en cualquier momento».
Al respecto, Bouso ha señalado que los últimos informes, de diciembre de 2020 y febrero de 2021, apuntan que la planta y caldera «cumplen favorablemente su cometido».
Tras recordar que fue el bipartito el que dio luz verde a la declaración de impacto ambiental de Ence, ha remarcado que las inspecciones se realizan con «datos objetivos fundamentados» y se llevan acabo por funcionarios «imparciales» que «señalan» que la pastera «cumple medioambientalmente».
Además, esta alto cargo del Gobierno gallego defiende que Ence tiene una concesión y una prórroga de ocupación extraordinaria «absolutamente legal», lo cual la Xunta seguirá defendiendo, puesto que «es defender la posibilidad de que continúen todas las industrias de la cadena mar-industria en la costa».
Bouso se queja de que el «el PSOE está diciendo que en la costa no puede haber industria» con la Ley de Cambio Climático, que «no puede estar nadie».
CRÍTICAS DEL BNG
Por su parte, Luís Bará ha denunciado una «connivencia absoluta entre Ence y PP» en el marco de una política de «puertas giratorias». Así, acusa a la empresa de estar detrás de una «campaña de chantaje» e «intimidación», que «llega a ser mafiosa».
A este respecto, ha emplazado a la Xunta a que haga una «condena pública» del «ataque violento» al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, por un «grupo minoritario de trabajadores».
En esta línea, el diputado del Bloque insiste en que Ence «no puede seguir en la ría de Pontevedra» después de la prórroga «ilegal» concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. «Lo dice la ley», sentencia.
