La CIG ha recurrido los servicios mínimos establecidos por la Xunta para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, y ha denunciado que buscan «impedir el derecho a la huelga».

Mediante un comunicado, ha criticado que no se convocase una reunión para negociar los servicios mínimos hasta el 24 de febrero pese a que la huelga se registró el pasado 27 de enero.

En este sentido, el sindicato ha tachado de «máximos y exagerados» los servicios mínimos decretados por la Xunta para la huelga y ha criticado que «esperase al último día hábil» para publicar el decreto correspondiente, lo que ha achacado a una intención de «dificultar la presentación del recurso» y la adopción de medidas cautelares por parte del tribunal.

Precisamente, ha recordado que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó que el decreto sobre los servicios mínimos establecidos para la huelga convocada con motivo del 8M en 2018 se emitiese el día anterior a la jornada de los paros y que se esperase una semana para su publicación tras la negociación.

La CIG ha apuntado que la sentencia concluyó que el modo de actuación de la Xunta conllevó restringir «injustificadamente» el plazo para presentar una impugnación y una «presión temporal» para los sindicatos que buscaron pedir una medida cautelar, así como para el tribunal en el momento de dictar una resolución.

La secretaria de Organización del sindicato, Susana Méndez, ha apoyado el establecimiento de servicios mínimos, pero ha advertido de que los decretados exceden «muchísimo» los fijados para un domingo o un festivo incluso en esta situación de pandemia y ha afirmado que «podían ser cubiertos por hombres», a los que no se dirige la convocatoria.

«IMPEDIR» EL DERECHO HUELGA

La secretaria das Mulleres de la CIG, Margarida Corral, también ha alertado de que los servicios mínimos establecidos buscan «impedir el ejercicio del derecho fundamental a la huelga de las mujeres» e «invisibilizar sus demandas». Así, ha denunciado la «brutal» campaña institucional «lanzada inicialmente por la ultradererecha» y a la que «se sumó, sin escrúpulos, el PSOE».

A este respecto, ha puesto el foco en la «campaña de acoso a la lucha feminista», que se ha traducido «fenómenos intolerables», como «llamadas de algunas subdelegaciones del Gobierno coaccionando y amenazando a las promotoras de las movilizaciones».

También ha reprobado que algunas instituciones «negasen» la existencia de la convocatoria de huelga «para ni siquiera negociar los servicios mínimos», como el Ayuntamiento de A Coruña, y el hecho de el que el Ayuntamiento de Vigo «anunciase la elaboración de un informe jurídico por la supuesta inconstitucionalidad de la convocatoria».

Corral ha afirmado que esta situación es «intolerable» y demuestra la «hipocresía» de las instituciones ante el 8M, por lo que ha llamado a la participación en la huelga y las movilizaciones convocadas «para dar la respuesta que merecen estos ataques».