Un grupo de asociaciones y representantes de diversos colectivos han denunciado este jueves el veto del PP a su comparecencia en el Parlamento de Galicia para presentar su propuesta de bases para la normalización de la lengua gallega en el sistema educativo, como alternativa al modelo vigente regulado por el llamado ‘decreto del plurilingüismo’.

Entre las entidades promotoras de esta iniciativa, que se dio a conocer el año pasado, se encuentran A Mesa Pola Normalización Lingüística, sindicatos como CIG-Ensino, CSIF y STEG, Anpas Galegas, Nova Escola Galega o AS-PG.

Marcos Maceira, portavoz de la asociación lingüística, acudió este jueves a la Cámara gallega junto con representantes del resto de estas entidades, donde fueron recibidos por las diputadas Mercedes Queixas y Noa Díaz, del BNG y PSdeG, para transmitirles su apoyo.

En declaraciones a los medios, Marcos Maceira ha recordado que esta propuesta de bases fue presentada públicamente el pasado mes de julio, posteriormente a los portavoces políticos con representación parlamentaria, y también se solicitó una entrevista con el titular actual de Educación, el conselleiro Román Rodríguez.

La diputada Mercedes Queixas solicitó la comparecencia de estos representantes para exponer la propuesta en el marco de la comisión de Cultura y Educación. A pesar de ello, ha lamentado Maceira, «la respuesta fue el veto del PP» a su presencia en la Cámara .

El portavoz de A Mesa ha trasladado que este documento es «la única alternativa» al ‘decreto del plurilingüismo’ que cuenta «con un amplio apoyo de la comunidad educativa» y fue debatida y consensuada con organizaciones de diferentes postulados en materia de educación

Es por ello que solicitan que «se levante el veto» y que se tome conciencia del sentido de una Cámara parlamentaria, que es sentarse a «dialogar», aparcar las diferencias ideológicas y políticas en beneficio de un consenso social.

DEBATE PLURAL

El representante de A Mesa ha defendido que este documento de bases fue elaborado tras un proceso de debate plural y sin exclusiones, que todavía sigue abierto a los diferentes posicionamientos y a nuevas adhesiones.

El objetivo de todos ellos es garantizar que el alumnado termine su formación con una competencia adecuada en las diferentes lenguas cooficiales, tal y como establece la legislación.

Maceira advierte de que los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística evidencian que no se está cumpliendo al constatar que «uno de cada cuatro menores» reconoce no saber hablar gallego. «Tenemos un problema de emergencia lingüística», advierte.

Este proceso de diálogo derivó en un documento que cuenta «con mucho más apoyo social» que el decreto implantado por la Xunta del PP hace once años y que, además, cumple con todas las recomendaciones del Consejo de Europa en materia lingüística y se ajusta al marco legal vigente en el país.

No obstante, Maceira insiste en que la propuesta todavía puede ser mejorada y reitera que es deber del Parlamento tomar el testigo del trabajo y ejemplo de todas estas organizaciones para «sentarse, hablar y acordar».