La Sala de la Audiencia Provincial ha declarado nulas las declaraciones de Francisco Liñares, exconcejal –de aquella socialista– del Ayuntamiento de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha declarado nulas las declaraciones del principal acusado a partir del 23 de septiembre, después de su ingreso en prisión decretado por la jueza que instruyó la causa una de las piezas separadas de la Pokémon que dirigió Pilar de Lara.
De este modo, el juicio cuyo inicio fue marcado para este martes 23 de febrero ha arrancado con la declaración de los acusados, entre ellos, nueve empresarios que supuestamente se beneficiaron de las concesiones realizadas por Liñares.
En las cuestiones previas, el abogado de Francisco Liñares, Evaristo Nogueira, pidió la nulidad del proceso por el que se juzga a su defendido con la denuncia de que «no todo vale» en una investigación judicial y ha asegurado que se han conculcado derechos constitucionales. En este sentido, ha afirmado que Liñares prestó declaración bajo «una privación de libertad irregular» (por su detención y posterior declaración y entrada en prisión provisional desde septiembre de 2012).
De hecho, se refirió al auto de puesta en libertad, de enero de 2013, en el que se declaró «la nulidad absoluta e insubsanable» del auto del 22 de septiembre (de ingreso en prisión) y se «decretó inmediatamente la puesta en libertad», por un «exceso de detención» al considerarse que «sobrepasaba y no poco, el límite» de las 72 horas.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha rechazado estos y los demás argumentos presentados por el abogado de Liñares, por ser «genéricos» y no concretar exactamente qué derechos fueron conculcados y en qué momento.
Además, ha censurado las críticas de Nogueira cuando llegó a afirmar que «no es propio de un estado de derecho y de la Constitución del 78» actuaciones como, citó, la firma de una declaración de su defendido «en una tasca de Santa Comba» o las escuchas. Mientras, la Fiscalía ha advertido de que lo que «no está permitido» es «forzar» declaraciones, pero ha subrayado la validez de las declaraciones «espontáneas» de los acusados: «La ley no exige que unos agentes que custodien a un detenido se tapen lo oídos, pero no se ha forzado ninguna declaración». La sala rechazó los argumentos de la defensa de Liñares.
En este procedimiento, una de las piezas separadas de la ‘Operación Pokémon’ también se juzgan a nueve empresarios supuestamente beneficiados por las concesiones realizadas por Liñares. Sus defensas se pronunciaron a favor de atenerse a la decisión de la sala, aunque por ejemplo el abogado de Julio F.C. denunció que tuvo conocimiento en este momento procesal de acusaciones a su cliente porque la copia del escrito de acusación que había recibido estaba incompleta.
Ante esta alegación, el Ministerio Público recordó la posibilidad de acceder a los expedientes de forma telemática e ironizó con que el abogado tenía que saber que a su cliente se le acusaba de algo, por lo que podía haber advertido la posibilidad de que el papel estuviese incompleto en otro momento procesal. La sala del tribunal dijo que una actuación «de buena fe» habría advertido este error con anterioridad.
