El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha dicho este viernes que será la Corporación del Ayuntamiento de Santiago del 2025 la que deberá decidir sobre si la nueva depuradora de A Silvouta implica o no una subida de la factura del agua.
Preguntado al respecto en una rueda de prensa horas después de la firma del acuerdo con la Xunta y el Estado para iniciar el proyecto de la EDAR, el regidor ha respondido que por ahora están «abiertas todas las posibilidades» para «no comprometer a la futura Corporación» que salga de las elecciones del 2023.
Así, Bugallo ha explicado que, para entonces, el Ayuntamiento podrá decidirse por «repercutirlo en la tarifa», por asumir el coste con sus presupuestos o por un sistema mixto.
En cualquier caso, esto se materializaría «a partir de 2026», cuando se espera que la depuradora de A Silvouta –que también dará servicio a O Milladoiro, en Ames (A Coruña)– esté ya operativa.
OBRAS ENTRE 2022 Y 2025
Con respecto a los plazos previstos para la EDAR, Bugallo ha estimado que «hacia finales de 2021» estará resuelta la evaluación de ofertas, la licitación y otros trámites –como el de impacto ambiental–, con el objetivo de que los trabajos se inicien «a principios» de 2022 y concluyan en 2025.
No en vano, el regidor compostelano ha señalado que esto implica un «retraso» de 10 años sobre las previsiones que manejaba en su anterior período en la Alcaldía –hasta el 2011–, ya que él mismo pretendía que «fuera operativa antes de finales de 2015 o principios de 2016».
«Espero que estos 10 años transcurridos no fuera en vano y pueda haber una mejor tecnología, porque la depuradora va a operar durante los próximos 30 años», ha añadido.
68 MILLONES DE EUROS
El acuerdo ratificado este mismo viernes entre Acuaes, la Consellería de Infraestruturas y el Ayuntamiento supone una inversión de unos 68 millones de euros: el 65% con cargo a los fondos europeos ‘Next Generation’, el 19% por parte de la Xunta y el resto por parte del Consistorio.
Aunque prefiere «no mirar hacia atrás», Bugallo sí ha recordado en la rueda de prensa que esta demora de 10 años supuso «perder» fondos comunitarios en dos convocatorias del programa Feder, que pudo suponer una subvención «del 70%» y no la del 65% actual.
«Es un muy buen acuerdo en el escenario en que estamos. Yo en el 2011 no lo hubiese firmado, pero ya no estamos en 2011», ha aseverado.
De hecho, ha responsabilizado del retraso al PP y a las «decisiones unilaterales» adoptadas por sus gobiernos de 2011 a 2015, ya que su intención de cambiar la ubicación a O Souto «le sirvió para ganar unas elecciones» a Gerardo Conde Roa en las parroquias de Laraña y Villestro.
«Dijo que suponía un atraso de seis meses, pero 10 años después ya sabemos que no fueron seis meses», ha apostillado el actual regidor.
Además, ha criticado que «más adelante», con Martiño Noriega (Compostela Aberta) en la Alcaldía entre 2015 y 2019, «no se tomaron decisiones» y supuso también perder financiación europea.
