El fiscal jefe provincial de A Coruña, Javier Rey, ha presentado escrito de denuncia ante el juzgado de guardia de Betanzos por el supuesto nombramiento irregular de un técnico en el Ayuntamiento de Sada (A Coruña).
Lo hace tras la conclusión de unas diligencias de investigación penal después de la denuncia presentada previamente por USO-Galicia contra el nombramiento del puesto de técnico de Administración General de Urbanismo, Medio Ambiente y Policía Urbana y tras el examen de los hechos para determinar «si concurren elementos indiciarios de la posible comisión de un delito de prevaricación», explica el Ministerio Público en su escrito.
En concreto, USO-Galicia denunció que este puesto del Ayuntamiento de Sada fue asignado a través de una comisión de servicios, en noviembre de 2020, a un funcionario de carrera de la escala de Administración Especial, único candidato que se presentó.
USO-Galicia expuso, explica en un comunicado en el que informa de la decisión de Fiscalía, que dicho cargo «había sido desempeñado siempre por un funcionario del grupo/subgrupo A/A1, y de la escala Administración General y licenciado en Derecho». «Por tanto, esta convocatoria incumplía el ordenamiento jurídico al convocar una plaza de Administración General como Administración Especial».
El sindicato destaca que Fiscalía «comparte» su denuncia «acerca de la existencia de una convocatoria ad hoc para que se presentaseel candidato elegido de antemano por el alcalde, incumpliendo la normativa legalmente establecida, así como las previsiones establecidas en la propia Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Sada».
En este sentido, el Ministerio Público alude a informes de Intervención del consistorio «en el que se hace constar la improcedencia de la convocatoria porque la urgente necesidad de la comisión de servicios viene motivado por un acto de la propia alcaldía».
ALCALDE LO NIEGA
Por otra parte, consultado por Europa Press, el alcalde de Sada ha asegurado que hasta el momento no ha recibido «comunicación formal ni de la Fiscalía ni del juzgado de Betanzos». No obstante, muestra su «disponibilidad absoluta para prestar todas las declaraciones y aclaraciones» que se le demanden.
«En el concurso de ese puesto de trabajo no hubo ni ilícito penal ni administrativo y así quedará debidamente acreditado». «Ni hubo trato de favor, fue un concurso público al cual solo concurrió el funcionario que obtuvo el puesto, ni hubo decisión ilegal», insiste.
Además, asegura que el puesto se convocó «porque estaba vacante». «Era urgente su cobertura, y en tanto no se provea definitivamente, el procedimiento de la comisión de servicios es perfectamente legal y ajustado a derecho, un procedimiento habitual, legal y reglado para la cobertura temporal de puestos que no deben estar vacantes».
