Tras la publicación oficial de las bases reguladoras, los 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Pontevedra ya pueden solicitar, desde este martes, su adhesión al Plan de Cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales, al que la Diputación pontevedresa destina este año un presupuesto de 2,5 millones de euros, la mayor inversión realizada por la institución hasta ahora.

De esta cantidad, el plan asigna 1,3 millones de euros para sufragar la prestación directa del Servicio de Ayuda en el Hogar por parte de personal especializado y 1,2 millones de euros para cubrir los costes del personal de los Servicios Sociales Comunitarios. Como novedad, este año los ayuntamientos pueden solicitar el adelanto del 50% del importe que les corresponda del plan.

El Servicio de Ayuda en el Hogar atiende a personas mayores con déficits de autonomía y personas con discapacidad, especialmente en caso de que carezcan de apoyo en su medio inmediato. Asimismo, tiene carácter subsidiario del Servicio de educación y apoyo familiar, dando una respuesta preventiva, educativa y socializadora frente a diversas situaciones de familias en riesgo de exclusión social.

Los objetivos de este servicio son mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, posibilitar su permanencia en su contorno de convivencia habitual, favorecer y potenciar la autonomía personal en el propio domicilio, mantener, mejorar y recuperar las redes de relación familiar y social; prevenir situaciones de dependencia o exclusión social y retardar o evitar la institucionalización, así como reforzar la solidaridad y potenciar el voluntariado social.

En cuanto al personal de los Servicios Sociales Comunitarios, la Diputación financia a las personas trabajadoras administrativas de estos ayuntamientos, así como las del servicio de Educación y Apoyo Familiar, que integra el conjunto de proyectos y servicios de apoyo educativo y psicosocial dirigidos a las familias, con el objetivo de detectar, prevenir y superar las situaciones de dificultad.

Asimismo, ayuda a promover procesos de cambio que favorezcan un adecuado ejercicio de las responsabilidades familiares, la mejora de la autonomía, de la integración y de la participación social de las familias y unidades de convivencia.