El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes de manera definitiva la ley de impulso demográfico con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PPdeG. La oposición, compuesta por BNG y PSdeG, no ha avalado el texto por considerarlo «natalista» y por ver una falta de «compromiso real» y de «transversalidad» en sus políticas.

Otro de los principales argumentos de nacionalistas y socialistas para dar su ‘no’ a esta norma ha sido una ausencia de «consenso» durante su trámite parlamentario, finalizado este martes con el debate en pleno del dictamen de la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

Esta ley de impulso demográfico, que la Xunta siempre ha defendido como «pionera» en España y en Europa, ha quedado aprobada finalmente tras incorporar medio centenar de cambios con enmiendas del PPdeG (7), PSdeG (22) y BNG (8), a las que hay que sumar 15 acuerdos entre los grupos (transacciones). Sin embargo, las enmiendas presentadas al pleno de este martes por la oposición han sido rechazadas.

Se da la casualidad de que el debate de esta norma se ha celebrado el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística (IGE) ha publicado un informe que recoge que Galicia, en el primer semestre de 2020, registró 16.518 muertes y 7.562 nacimientos, lo que arroja un saldo vegetativo negativo de 8.956 personas. Esto implica, asimismo, que la Comunidad agudiza sus malos datos respecto al mismo periodo de 2019 (-8.456).

La ley que buscará revertir esta situación, con la previsión de entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), incluye medidas que inciden en la emancipación de la juventud, en la conciliación, en la reducción de trabas burocráticas para establecer iniciativas empresariales y en la capacitación digital de la población del rural.

Esta norma también legisla sobre reproducción asistida, de modo que pone encima de la mesa medidas para que las personas que lo precisen para tener descendencia «puedan disponer de asistencia sanitaria»; introduce bonificaciones de peajes a familias numerosas en carreteras autonómicas; y amplía el concepto de ‘familias monoparentales’, para las que además la Xunta deberá elaborar un plan de apoyo –en el plazo de un año– y un registro –en seis meses–.

BNG: «NO ES UN ACUERDO DE PAÍS»

En el pleno de este martes, la diputada del BNG Olalla Rodil ha criticado que esta no será una «ley de consenso» y se ha dirigido a la bancada de los populares para advertirles: «Esta es su ley, tienen 42 escaños. Sáquenla adelante, como los presupuestos y otros tantos textos legales, pero no es una ley de consenso ni un acuerdo de país».

Según ha defendido la diputada nacionalista, el Bloque entendía que esta norma debía «poner encima de la mesa un consenso de todas las fuerzas de la Cámara», porque es «uno de los mayores desafíos» de Galicia «en el presente y en el futuro».

Por eso, y tras advertir que el comportamiento demográfico «no es ninguna suma de muertes y nacimientos, sino que depende por completo del modelo de desarrollo» de un territorio, ha argumentado que se trata de un proyecto «que redunda en políticas natalistas» y que tiene «una visión reduccionista y conservadora del concepto de ‘familia'».

Además, ha dicho que está «lleno de vaguedades y generalidades» –en un dictamen, el Consello Económico e Social (CES) requirió más concreción en varios artículos–, sin un «objetivo firme» ni «plazos concretos» y que «insisten en políticas» antiguas de la Xunta que «van a llevar al mismo resultado».

PSDEG: ES «NATALISTA»

Por su parte, la diputada del PSdeG Marina Ortega ha coincido en tachar el texto de «natalista» y sin «compromiso real», porque no «blinda» servicios en educación y sanidad. «¿De qué nos sirve un cheque infantil si luego no tenemos pediatra para llevar a nuestro hijo?», se ha preguntado.

Y es que la socialista ha dicho «no entender» cómo la Xunta puede presentar una ley de impulso demográfico mientras «recorta» en sus presupuestos del 2021 –aprobados definitivamente este martes– la partida específica dedicada al área de juventud y para fijar población, además de «cerrar escuelas rurales» y «reprender» al jefe de Ginecología del Hospital de Verín, que hace un año encabezó las protestas contra el cierre del paritorio.

Asimismo, Ortega ha puesto el foco en la «fuga de talento» sufrida por la Comunidad gallega en las últimas décadas, un fenómeno por el cual «se deja de fundar 315 empresas cada año» –de acuerdo con datos del Foro Económico de Galicia a los que se ha referido– y ha insistido en la «falta de transversalidad» del proyecto, ya que «todas las áreas de gobierno» deben estar implicadas.

EL PP NIEGA LA FALTA DE CONSENSO

Frente a todas las críticas de la oposición, la diputada popular Raquel Arias ha desmentido que la nueva norma salga adelante sin consenso. «No hubo el 100 por 100 de acuerdo, pero eso no quiere decir que no haya un trabajo en común y no se escuchase sus aportaciones, que por cierto mejoran la ley», ha asegurado, dirigiéndose a BNG y PSdeG.

De hecho, ha destacado que el PPdeG «aceptó el 34 por ciento de las enmiendas» de la oposición. «Y ahora parece que esta ley no va con ustedes», les ha afeado Arias, quien además ha valorado que el popular fue «el único» grupo que presentó modificaciones para «adaptarla» a la situación de pandemia, ya que el texto entró en la Cámara antes de la actual crisis sanitaria.

Paralelo a esto, la diputada del PPdeG ha subrayado que Galicia «se convierte en la primera comunidad autónoma» y región «en el ámbito europeo» en tener una ley que afronte este reto que, no obstante, es «común a todos los países desarrollados».

Así, a diferencia de la postura de la oposición, Arias ha negado que la ley hable de un solo modelo de familia, sino que reconoce «toda una diversidad» en este ámbito, y ha reivindicado que sí incluye medidas «transversales» que implican a «todas las consellerías» de la Xunta.

Entre ellas, ha explicado que hay algunas ya en marcha, como la ‘Tarxeta Benvida’, el ‘bono concilia’, la gratuidad de las escuelas infantiles para el segundo hijo y los sucesivos y una política de «impuestos cero» en el rural, entre los ejemplos que ha puesto.

«Hoy, un día más, vamos a estar a la vanguardia al convertir en ley esas medidas que se están haciendo y que se tienen que hacer en el futuro», ha resumido.

«EL FINAL DE UN CAMINO Y EL INICIO DE OTRO»

Al finalizar el debate de los grupos, ha pedido la palabra la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien ha celebrado que la aprobación de esta ley supone «el final de un camino» iniciado hace tres años y «el inicio de otro aún más largo y esperanzador».

«Hoy, Galicia empieza un nuevo camino», ha recalcado, para seguidamente asegurar que esta norma no solo permite «blindar políticas demográficas» que se pusieron en marcha «muchas de ellas en los últimos años», sino que también es «un instrumento diseñado con ánimo de perdurar» para las próximas décadas y gobiernos.

A pesar del ‘no’ final de BNG y PSdeG al proyecto, la conselleira ha subrayado la «marcada vocación de diálogo y de consenso» con la que nació, lo que permitió incorporar «más del 80 por ciento de las aportaciones en el trámite de exposición pública» y «el 34 por ciento» de las enmiendas parlamentarias presentadas.

«Nuestros hijos y nietos podrán estar orgullosos por esta ley, porque la hicimos los gallegos de hoy pensando en los gallegos de mañana», ha concluido Fabiola García.