CSIF reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas que actualicen los protocolos en las aulas para hacer frente al COVID-19, ante el incremento de contagios por el coronavirus y la dificultad de impartir las clases y ventilar de forma adecuada.

Además, esta situación es aún más difícil en muchos centros afectados por el temporal ‘Filomena’, que tienen que reparar con urgencia los daños sufridos en sus instalaciones, según destaca el sindicato.

CSIF recuerda que ya avisó desde hace meses sobre la necesidad de instalar purificadores de aire en las aulas. «Las administraciones educativas no han hecho sus deberes ni se han puesto en marcha medidas complementarias», expone el sindicato, que cree «muy necesario» actualizar la estrategia educativa.

En este sentido, exige la realización de pruebas masivas entre el profesorado y el refuerzo de las plantillas, teniendo en cuenta que comunidades como Madrid y Cataluña rescindieron los ‘contratos covid’ de principios de curso, lo que ha alterado la organización de las aulas y el apoyo al alumnado. El sindicato reclama también que se informe sobre cuándo se producirá la vacunación sobre docentes y escolares.

Por último, y respecto a la posibilidad de futuros confinamientos, el sindicato ha lanzado encuestas entre los docentes de varias comunidades autónomas para evaluar la formación telemática y las medidas de prevención en las aulas.

Solo en la Comunidad de Madrid, según los datos recabados por CSIF, el 65% de docentes y equipos directivos están teniendo problemas de acceso a la plataforma de enseñanza online ‘Educamadrid’, lo que revela cuál es la situación en las aulas durante la pandemia.

LEY CELAÁ

De este modo, el segundo trimestre comienza en los centros escolares con falta de personal, de recursos tecnológicos, bajas temperaturas en las aulas y sin una ventilación adecuada. Sin embargo, estos «problemas» no se resolverán con la reforma educativa, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’, que entra este martes en vigor.

Para CSIF, esta norma «no dará solución a los problemas endémicos que arrastra la Educación desde hace décadas» y su aplicación, que en algunos apartados (como las nuevas evaluaciones) se prolongará hasta 2024, será «complicada» debido al «trabajo burocrático» que implicará para el profesorado y «sin que se hayan solucionado muchos de los problemas de gestión de la pandemia, que es su actual prioridad».

Por ello, CSIF, junto al resto de sindicatos de la Mesa Sectorial, exige en una carta remitida a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que negocie con los docentes la aplicación de la nueva reforma de manera prioritaria.