El sindicato CIG-Ensino solicita una reunión con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para abordar la próxima extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional que recoge la reforma educativa impulsada por el Gobierno central.

Los datos facilitados por esta organización apuntan a que cerca del 32 por ciento de los 2.223 docentes técnicos que conforman este cuerpo, entre funcionario de carrera e interino, cuenta con titulación de FP.

La Lomloe prevé la extinción del primer colectivo y la conversión en profesorado especialista del segundo, lo que provocará una «clara pérdida de derechos laborales» con una decisión que no fue abordada previamente con las organizaciones sindicales o las comunidades autónomas, añaden.

Tras conocerse esta medida, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade anunció una ampliación de la oferta de empleo público con 240 nuevas plazas destinadas a estabilizar a estos profesionales, con el objetivo de intentar compensar los efectos de la ‘Ley Celaá’ en este cuerpo docente.

No obstante, el sindicato manifestó su preocupación y reclamó un plan B para apoyar a estos docentes.

Según indican en un comunicado, el texto aprobado en el Estado deja claro que únicamente aquel personal que cuenta con grado o titulación equivalente podrá integrarse en el cuerpo de secundaria «según el proceso que establezca a partir de ahora el Ministerio en negociación» con sindicatos y comunidades autónomas.

«Queda pendiente de dilucidar que pasa con aquellas titulaciones pre-Bolonia, como ingenierías técnicas, diplomaturas y arquitecturas técnicas, porque hasta el momento ni la redacción de la norma ni el Ministerio despejan la duda de si serán declaradas equivalentes al grado a efectos de docencia o no», señala Suso Bermello, secretario nacional de la CIG-Ensino.

«La máxima preocupación» del sindicato radica, a pesar de ello, en la situación de aquellos profesores que tiene titulación superior de FP pero que, en caso de ser funcionario de carrera, quedarían a extinguir en el cuerpo A2.

Por tanto, «no verían igualado su salario ni sus derechos laborales» con los de secundaria, a pesar de desempeñar «el mismo tipo de trabajo».

Según las cifras trasladadas, hay 525 personas en esta situación, además de otros 176 interinos que viven con la «incerteza de su estabilidad laboral».

Por ello, la CIG cree «vital» que el Ministerio se pronuncia sobre la situación de este colectivo que, si la pandemia lo permite, afrontará en junio un proceso de oposiciones que supondrían «su última oportunidad de ser funcionario de carrera» tal y como ha sido aprobada la Lomloe.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En este sentido, el sindicato mantuvo una reunión este lunes con el grupo parlamentario del BNG, que les explicó el contenido de una PNL que se presentará en la Cámara gallega para instar al Gobierno central a fijar una solución que permita la integración de todo el profesorado de FP en el cuerpo de secundaria con independencia de su titulación de acceso o de su condición de personal fijo o interino.

El BNG se ha reunido, a su vez, con STEG para abordar la situación del profesorado técnico de FP, dentro de una campaña de contactos que la organización sindical está celebrando con los grupos que conforman el arco parlamentario.

PROGRAMA MINERVA

Por otro lado, CIG-Xustiza ha solicitado a la Dirección Xeral de Xustiza que inicie los trámites necesario para implementar la aplicación ‘Minerva’ en lengua gallega.

El sindicato reclama que, «de una vez por todas, se cumpla la normativa en normalización lingüística» y «se respeten los derechos» de los ciudadanos, trabajadores y profesionales de esta administración, que no tienen la posibilidad de tramitar los expedientes en lengua gallega debido a que la aplicación no ofrece esa opción.