El caso de una residente del centro Domus Vi San Lázaro, de Santiago de Compostela, a la que un auto judicial obligó a vacunar al tener afectadas sus capacidades cognitivas para tomar una decisión y ante la negativa de su hija a que se le vacunase, es el primero que el grupo registra a nivel estatal.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este grupo, que han señalado que es «la primera vez que se da esta situación». Sobre la decisión de acudir a los tribunales, han precisado que se hizo debido a la incapacidad que presenta la mujer.

«Ante esa tesitura -han dicho después de que la hija se negase a que recibiese la primera dosis prevista para el día 10- se toma la decisión de llevar esta cuestión al juzgado».

«Por el riesgo que supone para el resto de usuarios y trabajadores que no se vacune», han argumentado desde la empresa, que han remarcado que la decisión viene motivada por el objetivo de garantizar «el bienestar» de los mismos ante el «riesgo» existente en el actual contexto de pandemia.

De esta situación, han excluido «a personas que se han opuesto a que se les administre las vacunas pero que están en plena capacidad». «Porque no es obligatorio vacunarse», han recordado a este respecto.