La futura Ley gallega de recuperación de tierras otorga a la Xunta la facultad para investigar la propiedad cuyos titulares se desconocen y, una vez que concluya esta actuación –que se arroga ahora la Administración autonómica frente al Estado, que tiene las competencias generales–, se les dará cinco años a los propietarios para que acrediten serlo antes de que ese terreno pase a formar parte del banco público de tierras.

Precisamente, esta es la principal novedad con respecto a los terrenos de las personas que están ilocalizables. Este plazo de cinco años no existe actualmente en el procedimiento estatal, ha explicado este lunes el conselleiro de Medio Rural y diputado del PPdeG, José González, por lo que, a su juicio, esta y otras medidas dan garantías jurídicas en toda la normativa que se tramitará ahora en la Cámara autonómica.

De este modo, la Xunta investigará la propiedad y, si concluye el proceso sin localizar a ese dueño, dispondrá de ese terreno para su gestión. Se abrirá un plazo de cinco años para que, en el caso de que aparezca el propietario, acredite que lo es. En ese caso, el rendimiento de la tierra se le abonará a su titular; pasados los cinco años, la Xunta se quedará con esa propiedad y se podría recuperar, en caso de que aparezca su legítimo titular, pero ya por la vía judicial.

El titular de Medio Rural ha explicado que este plazo de cinco años abre un periodo por el cual el propietario evitaría ir a los tribunales, lo cual no ocurre actualmente, porque el Estado se incrible en el catastro directamente las fincas cuyos propietarios no aparecen una vez hecha la investigación oportuna.

Esta herramienta forma parte del paquete de medidas que incorpora la futura ley, con 144 artículos, y que se tramitará ahora a través de un texto registrado por el Grupo Popular –no por la Xunta– y que incorpora, además, 43 medidas del dictamen de la comisión de investigación de incendios forestales que se creó a raíz de la ola de incendios de 2017 (y cuyo dictamen vio luz verde, con los votos del PPdeG y PSdeG, en julio de 2018).

La filosofía de esta futura ley es lograr que todo el territorio tenga una «rentabilidad». Para ello, se fomentará el arrendamiento, venta o agrupación de propietarios, con el fin de que haya una gestión del territorio, ya sea con fines agrícolas, ganaderos o de producción forestal. Otro de los instrumentos que incluye esta ley son las conocidas como «aldeas modelo», una fórmula que ya se ha implantado en algunos puntos de Galicia.

Para el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, se trata de una ley «muy trabajada» y «ambiciosa», al tiempo que se convertirá, ha augurado, en uno de los textos más relevantes que se aprueben en esta legislatura. No en vano, los populares han recordado en la rueda de prensa que «dos de cada tres gallegos» tienen vinculación con el rural y son titulares de terrenos.