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ASPE pide a las autoridades incorporar los centros sanitarios privados para agilizar la vacunación del Covid-19

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La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha hecho un llamamiento a las autoridades sanitarias para agilizar el proceso de vacunación frente a la Covid-19 mediante la incorporación del conjunto de los centros sanitarios privados a la estrategia de vacunación.

«Contar con todos los recursos sanitarios del país es imprescindible para cumplir la previsión del Gobierno de completar la vacunación del cien por cien de la población en 2021», ha dicho el presidente de ASPE, Carlos Rus.

Según se establece en el Plan de Vacunación contra el Covid-19, en una primera etapa (durante los meses de enero y febrero) se prevé vacunar a 2,5 millones de personas. Y es que, tal y como ha recordado ASPE, transcurrida la primera semana desde el inicio de la vacunación sólo han recibido la primera dosis de la vacuna en España alrededor de 83.000 personas, una cifra «muy inferior» comparada a otros países del entorno europeo y extracomunitarios.

Además, solo se han suministrado el 11,5 por ciento de las vacunas dispuestas, por lo que España registra una de las variables «más bajas» del marco internacional en cuanto a dosis por cada 100 habitantes (0,17). «La previsión del Ministerio de Sanidad de que entre mayo y junio estén vacunados entre 15 y 20 millones de personas será inviable de no incrementarse notablemente el ritmo de vacunación y, para ello, la infraestructura humana y técnica disponible», han avisado desde ASPE.

A su juicio, para alcanzar los objetivos de esta estimación, el número de vacunaciones debería situarse en cerca de dos millones de personas cada semana a partir de finales de febrero (entre primera y segunda dosis) para alcanzar el cien por cien de vacunación en diciembre de 2021 o para llegar a un 70 por ciento de vacunación (inmunidad de grupo) en la semana 39, en octubre de 2021.

Para llevar a cabo esta logística es necesario incorporar urgentemente todos los recursos sanitarios del país, públicos y privados, en la estrategia de vacunación española. En este sentido, ASPE ha señalado que la decisión de incorporar a la sanidad privada en el proceso de vacunación se repite en muchos países en distintas partes del mundo como, por ejemplo, Alemania ya anunció desde hace semanas esta decisión, así como India o Malasia en Asia, Emiratos Árabes Unidos en Oriente Próximo, o distintos estados norteamericanos, que cuentan de diversa forma con la sanidad privada para el suministro y distribución de la vacuna.

En España, únicamente dos autonomías (Murcia y Madrid) valoran por el momento contar con los centros sanitarios de sus respectivos territorios (públicos y privados) para contribuir a una distribución más ágil de la vacuna de la Covid-19. El resto de las regiones, «o de forma activa o por omisión», han declinado por el momento contar con la sanidad privada.

Por otro lado, la patronal vuelve a alertar de la discriminación que algunas comunidades autónomas están llevando a cabo en relación con el suministro de vacunas de los grupos de población prioritarios y de riesgo. Así, las regiones de Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias han rechazado vacunar a los profesionales de la sanidad privada, algo incomprensible y que contradice las indicaciones del propio Ministerio de Sanidad, que incluye a los profesionales sanitarios y sociosanitarios dentro de los colectivos de riesgo y servicios esenciales que han de ser vacunados de forma preferente.

«El conjunto de los profesionales sanitarios, tanto si están vinculados laboralmente a la sanidad pública o la privada, deben ser incluidos en los grupos prioritarios de vacunación Covid-19. De otro modo se estaría poniendo en riesgo, sin justificación alguna, su salud así como la de los propios pacientes tratados por estos profesionales», han dicho desde la patronal.

Finalmente, ASPE ha avisado de lo «preocupante» que supone que hasta el momento solo siete comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía, La Rioja, Navarra y Cataluña) hayan solicitado datos de los profesionales de la sanidad privada, con la intención de incluirlos dentro de los grupos preferentes de riesgo establecidos en la propia ‘Estrategia de Vacunación COVID-19’ del Ministerio de Sanidad.

La sanidad privada atiende habitualmente a más de 12 millones de españoles, uno de cada cuatro ciudadanos que acuden de forma regular a centros distribuidos por todo el país para cuidar su salud.

«Con la adopción de este criterio estaríamos poniendo en juego a su vez la salud de los pacientes», recuerda el presidente de la patronal.

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