La confederación de empresarios de Galicia (CEG) lleva casi tres años sin presidente, a excepción del lapso de dos días que duró al frente de la institución el ourensano José Manuel Barreiros, a finales de noviembre. Con el coruñés Antonio Fontenla ejerciendo como portavoz en funciones, la patronal asegura estar lista para ponerse a trabajar y «que las pymes no se queden atrás» en la captación de fondos europeos para la reconstrucción.
«Hacemos una valoración muy positiva de la aprobación de esta segunda lluvia de millones, porque ahora lo que se necesita es rapidez y agilidad», destacan fuentes de la confederación consultadas por Europa Press.
Y es que esta semana el pleno del Parlamento Europeo aprobó el programa ‘React-EU’, el segundo pilar del fondo de recuperación que destinará entre 2021 y 2022 un total de 47.500 millones de euros a las regiones de la Unión Europea para contrarrestar las consecuencias de la crisis del coronavirus.
Los Estados miembro recibirán el próximo año 37.500 millones de euros procedentes de este programa, de los que 10.300 millones corresponden a España. Los 10.000 millones restantes serán repartidos ya en 2022. No obstante, podrán optar a financiación todas los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de este año y los recursos podrán gastarse hasta el final de 2023.
La patronal gallega aplaude que este acuerdo «va a significar que a principios del año que viene se empiece a mover el dinero», incluso con»proyectos ya iniciados que puedan recurrir a estos fondos con efectos retroactivos», algo que ve «muy positivo».
Hace apenas una semana, el presidente de la asociación gallega de la empresa familiar, Víctor Nogueira, dijo de una manera contundente que echaba en falta una patronal útil en estos momentos, opinión generalizada entre el tejido productivo gallego y también entre la clase política hace ya casi cinco años.
Por su parte, la CEG reivindica su papel a pesar de las circunstancias y los interminables enfrentamientos internos y lo que reclama es «concreción», al igual que la Xunta, sobre los criterios de reparto que utilizará el Gobierno español para distribuir estas ayudas entre las comunidades.
Hasta que eso esté claro, afirman las fuentes consultadas de la CEG, no podrán poner sobre el papel los proyectos de pymes y ofrecerles su asesoramiento.
En cualquier caso, aún con ese «handicap» de desconocer los baremos, reivindican estar «en contacto continuo con la Xunta a través del diálogo social, codo con codo» en el diálogo social también con los sindicatos, para la captación de fondos.
«DESEOSOS DE EMPEZAR»
El objetivo de la CEG, según subraya, y pese a su situación de interinidad, es «funcionar como asesores en su momento» de las pequeñas y medianas empresas, «porque las grandes tienen más medios».
Para explicar por qué de momento no pueden avanzar en lo concreto, la CEG señala que «a lo mejor» planteas un proyecto con un tipo de energía determinado «pero luego resulta que puntúa más otro tipo». Además, añade que tampoco se sabe si se tendrán en cuenta factores como el PIB, los índices demográficos… «Son interrogantes muy importantes que nos impiden ponernos a trabajar. Por eso estamos deseosos de que se concreten», resaltan.
EL ACUERDO
Los eurodiputados aprobaron el pasado miércoles el fondo para las regiones con un resultado de 654 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones.
Se trata del segundo programa más cuantioso del fondo europeo de recuperación (bautizado como Next Generation EU), tras el Instrumento de Recuperación y Resiliencia (RRF), que repartirá 672.500 millones entre transferencias y préstamos.
Durante los próximos años, la UE canalizará las ayudas de React-EU a través de los fondos estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca).
Además, los Estados miembro podrán destinar parte del dinero al Fondo de Ayuda para las Personas Más Desfavorecidas, la Iniciativa de Empleo Juvenil o a programas transfronterizos (Interreg). En cualquier caso, sus fondos deben estar centrados en ayudar a aquellos sectores que más han sufrido el impacto de la crisis económica.
