La trabajadora del Sergas acusada de un delito de revelación de secretos, por haber accedido en decenas de ocasiones al historial clínico de su hija, y que ha sido juzgada este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo, ha mantenido que hizo esas entradas en el sistema informático con el consentimiento de la denunciante.

La acusada, María Josefa O.A., ha sido juzgada por estos hechos por segunda vez, ya que hubo una primera sentencia absolutoria, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló dicha resolución y ordenó la repetición de la vista, al considerar, entre otras cuestiones, que se produjo un «error en la valoración de la prueba» y que la Audiencia no tuvo en cuenta que «la propia presunción de inocencia de la acusada en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones».

Al igual que ya había hecho en el anterior juicio, la procesada reconoció que había entrado en el historial médico de su hija, usando su clave de acceso como trabajadora del servicio de Admisión del Sergas (hasta en 68 ocasiones, según la Fiscalía) entre los años 2012 y 2014. No obstante, ha insistido en que lo hizo con el consentimiento de ella, que tenía varios problemas de salud y le pedía que consultara citas o resultados de pruebas.

María Josefa también volvió a insistir en que tenía buena relación con su hija, y que, detrás de la denuncia, podría estar la «manipulación» y «anulación» de su hija por parte de su pareja. Así, tras relatar que la denunciante había tenido problemas de consumo de drogas y que había sido víctima de violencia de género, insistió en que «estaba muy mal» cuando se produjeron los hechos.

Cuestionada acerca de por qué creía que la había denunciado, la acusada señaló que «o bien ha vuelto a consumir, o está manipulada por la persona que tiene a su lado, que es muy peligrosa para ella y para la sociedad».

La acusada ha ejercido su derecho a decir la última palabra en la vista, y ha señalado que vive una situación «muy dolorosa y triste», al tiempo que ha proclamado que «quiere» a su hija y le «duele que haga estas cosas». «Mi hija miente, lo hace siempre, no es verdad que tuviera una mala infancia (…), me da mucha pena que llegue a esto», ha lamentado.

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR UNA MADRE «MANIPULADORA»

Por su parte, la hija de María Josefa, que ejerce la acusación particular, ha reiterado (al igual que en el primer proceso) que «siempre» tuvo «muy mala relación» con su madre, que era «controladora y manipuladora», y que, entre los años 2012 y 2014, la relación entre ambas era «nula».

Fue a raíz de mudarse a otra comunidad, cuando pidió un traslado de su historial clínico, que se dio cuenta de que «la historia clínica estaba manipulada, con anotaciones manuscritas» con la letra de su progenitora, con enfermedades que no tenía y con un historial de accesos realizados sin su consentimiento. «Nunca jamás le pedí que entrara en mi historia clínica, no tenía relación con ella, nunca le conté cuál era mi estado, ni qué medicación tomaba», ha proclamado.

Esta testigo ha negado que tuviera trastornos de alimentación, o que hubiera sido víctima de violencia de género (pese a que la defensa aportó documentos en sentido contrario), y ha proclamado que la «mala infancia» que pasó o los intentos de su familia de internarla sin su consentimiento le han pasado factura a su salud. Según ha señalado, tiene un trastorno de ansiedad y sus problemas se agravaron por la actuación de su madre.

En el juicio de este viernes también han comparecido responsables del Sergas, que han corroborado los informes que certificaron los numerosos accesos al historial de la perjudicada, con la clave de su madre, aunque han matizado que el historial electrónico no se puede manipular ni modificar, salvo en caso justificado y por personal facultativo o de enfermería.

PETICIÓN DE PENAS

La Fiscalía pide para María Josefa O.A. la pena de 4 años de prisión y 9 años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público.

La representante del ministerio público ha señalado, en su informe final, que «ha quedado acreditado» que la acusada accedió en 68 ocasiones al historial médico de su hija, y que «no es creíble» que hubiera consentimiento, dada la mala relación entre ambas. «La prueba practicada es más que suficiente para condenarla», ha recalcado.

En la misma línea, la acusación particular, ha pedido una condena de 4 años de cárcel y 12 de inhabilitación, así como una indemnización para la hija de 15.000 euros. La letrada de la denunciante ha incidido en que la acusada tuvo «ánimo de vulnerar la intimidad» de su hija y lo hizo «sin autorización», causándole un perjuicio, por el que reclama esa compensación.

Finalmente, la defensa ha solicitado la libre absolución de su patrocinada y ha argumentado que los accesos al historial fueron consentidos. Asimismo, ha cuestionado la «credibilidad» del testimonio y las intenciones de la hija, de la que subrayó que «mintió» en su declaración en varios aspectos (entre ellos, dijo que denunció penalmente porque el Sergas no atendió sus reclamaciones, mientras que funcionarios de Sanidade declararon que la habían citado en el marco de la investigación interna y que la hija no compareció).

Según el abogado defensor, «no hay animadversión de la acusada hacia su hija, si no más bien al revés», ya que la testigo declaró con «ánimo espúreo» y su denuncia tiene como «único interés obtener un beneficio económico».