La defensa del falso médico ferrolano José Manuel López Pérez, conocido como Coté, negocia un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las 13 acusaciones particulares, en las que se encuentran más de un centenar de víctimas y colegios oficiales de médicos y fisioterapeutas. El hombre se enfrenta a una pena total de 338 años de prisión.

Según el escrito de calificación de los hechos, está acusado de delitos de intrusismo, estafa, falsedad, homicidio por imprudencia y lesiones y su mujer, de blanqueo de capitales, para lo que la Fiscalía pide tres años de prisión.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña han dado de plazo hasta este viernes para que las partes lleguen a un acuerdo o arranque el juicio, en el que este jueves estaba prevista la declaración del encausado.

El abogado del Consejo General de Fisioterapeutas ha explicado que «en principio» no están de acuerdo con la conformidad, pero se mostró abierto a estudiar las «condiciones» del mismo. La jueza le ha recordado que en caso de no aceptarlo el caso solo se ceñiría al delito de intrusismo.

Ninguna de las partes reveló detalles sobre el posible acuerdo, aunque la defensa del hombre, que lo propuso, explicó que hay un «interés común» y que todas las opciones están «abiertas». La representación de la asociación de víctimas señaló que el juicio sería «muy complicado» para el falso médico.

DUDAS ENTRE LAS VÍCTIMAS

Sobre esta cuestión, la presidenta de la asociación de víctimas del falso médico ferrolano José Manuel López Pérez, Esther Fontán, ha admitido que no ve «claro» la posibilidad de llegar a un acuerdo con la defensa del conocido como Coté por «dignidad» del en torno de centenar de afectados que representa la entidad como acusación particular en el caso.

En declaraciones a los medios tras suspenderse hasta el viernes el juicio a la espera de un posible acuerdo, la portavoz de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario explicó que entre todas las víctimas se decidirá «si seguimos o no adelante». El hombre está acusado de intrusismo, estafa, falsedad y homicidio por imprudencia por lo que la Fiscalía pide 338 años de cárcel.

«No tengo claro que esta sea la solución», señaló Fontán, que cree que a las víctimas les costará «mucho trabajo» aceptar o no el acuerdo. «Pesan estos trece años, las vivencias de cada uno de nosotros; será lo que esta tarde pongamos en la balanza para tomar una decisión», añadió ante el edificio de la Audiencia Provincial.

Según la portavoz de las víctimas, la propuesta de la defensa ha sido «un último salto al vacío» que les ha «sorprendido». En todo caso, destacó, «si fuéramos a juicio, dieran los años y el dinero que nos dieran, no va a reparar el daño». «Sea cual fuera la sentencia no nos iba a gustar», reconoció.

PROPUESTA

Fontán rechazó ofrecer detalles de la oferta que ha hecho la defensa del falso médico «por respeto» a los magistrados que, dijo, les han dado un día para sopesar la propuesta. «La Fiscalía y la sala siempre han entendido que si había posibilidad de acuerdo siempre podría ser positivo», comentó, apuntando a que la celebración del juicio les podría llevar a una «victimización» durante, dijo, «cuatro meses».

La representante de las víctimas aseguró que la vista empezó «bien» porque, recordó, la sala aceptó las alegaciones de la defensa y rechazó las peticiones de la defensa. «Ese fue el punto de inflexión que hizo que ellos hicieran una oferta in extremis para alcanzar un punto de diálogo y a nosotros nos ha cogido a pie cambiado», admitió.

CUESTIONES PREVIAS

La sesión arrancó con la respuesta de los magistrados a las cuestiones previas expresadas por las partes la semana pasada y que fueron, en su mayoría, rechazadas. Justo al acabar, la defensa solicitó un receso que se alargó más de una hora y derivó en el inicio de las negociaciones.

La jueza consideró en la vista que tanto las intervenciones telefónicas como los registros en las clínicas y en el domicilio están «motivadas» y «basadas en informes policiales», negando así la anulación que pedía la defensa del encausado. La magistrada defendió que había delitos «graves» y «suficiente información» para las actuaciones.

Con respecto a la ausencia de los abogados en los interrogatorios que denunciaba la defensa, la magistrada destacó que cuando existe una autorización judicial no es «necesaria» y no se precisa «consentimiento» del investigado.