El PSOE, el PP y Vox han unido sus votos este martes en la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de las comisiones de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I solicitadas por Unidas Podemos y formaciones independentistas y nacionalistas de la Cámara, entre ellas el BNG, junto con Más País y Compromís.

Como ya viene siendo tradición, estas tres formaciones han vetado la iniciativa siguiendo el criterio marcado por los letrados del Congreso, que insisten en que tanto la Constitución como el propio Tribunal Constitucional impiden que la Cámara investigue al Rey emérito. Sólo Unidas Podemos se ha desmarcado de la mayoría apoyando la admisión.

La Mesa ha analizado, en concreto, dos peticiones: una liderada por Unidas Podemos y otra suscrita por ERC, Junts, EH Bildu, la CUP, el BNG y las formaciones de Íñigo Errejón y Joan Baldoví.

Según el informe de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso Europa Press, no procede tramitarlas teniendo en cuenta «la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y especialmente los dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución».

NO SE PUEDEN CONTROLAR SUS ACTOS

El primero de ellos, recuerdan los letrados, establece las prerrogativas de «inviolabilidad» y de no sujeción a responsabilidad del Rey y recalcan que éstas son «absolutas, abarcan la totalidad del periodo en el que se ejerce la Jefatura del Estado» y «tienen efectos jurídicos permanentes».

Los letrados, en un escrito asumido por la mayoría de la Mesa, también esgrimen los propios precedentes de la Cámara, así como la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar su postura. En concreto, inciden en que el máximo garante de la Carta Magna dejó claro en una sentencia de 2019 «la especial protección jurídica que es propia al jefe del Estado, que se relaciona «con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona ostenta» y que se «configura como un privilegio de naturaleza sustantiva».

Asimismo, subrayan que el Constitucional ha señalado que «la inviolabilidad preserva al Rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos» y que a ésta se une «la no sujeción a responsabilidad, en referencia a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría».

TAMPOCO LA COMPARECENCIA DE MONTERO

Además de la comisión de investigación, los independentistas, Compromís y Más País reclamaron que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicase ante el Pleno del Congreso las circunstancias en las que se ha producido la regularización fiscal del Rey emérito y «todas las actuaciones que el Gobierno» y su ministerio «han tomado y tomarán frente a los actos reconocidos de evasión fiscal» por parte de Juan Carlos I.

Esta iniciativa también ha sido vetada por la Mesa. Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, ni siquiera Unidas Podemos la ha apoyado y todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara la ha desestimado asumiendo que el artículo 95 de la Ley general tributaria establece que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tienen carácter reservado, con independencia de a quién se refieran.