El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán y la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Luisa Piñeiro, han rechazado la existencia de un «sistema artificioso y en fraude de ley» para abonar a la constructora Eiriña unos 86.000 euros por un supuesto sobrecoste relativo a unas obras ejecutadas y no contratadas en el campo de fútbol de O Buelo, en Moraña.

El actual presidente de la Federación Galega de Fútbol y la exalcaldesa de Moraña están acusados de fraude y prevaricación junto a otros seis procesados que este viernes fueron citados a declarar por estas supuestas irregularidades en el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra.

Al entender que todas las preguntas que quería hacer ya habían sido respondidas por el resto de acusados, el abogado de Rafael Louzán renunció a interrogar a su cliente, por lo que éste se acogió a su derecho a no declarar.

Por su parte Luisa Piñeiro, exalcaldesa de Moraña en el momento de los hechos; Enrique Pais, dueño de la empresa Eiriña; el director técnico de esta constructora, Jaime Alvariñas y el exdirector de infraestructuras en la Diputación, José Manuel Juanatey; y el arquitecto D.A.L.O.; solo respondieron a las preguntas de sus propios letrados negando cualquier irregularidad en las obras investigadas.

La Fiscalía solo pudo preguntar, de este modo, a dos de los acusados, los representantes de las dos empresas E.C. Casas y Construcciones y Canalizaciones Salnés.

El Ministerio Público asegura que después de las obras de O Buelo, la Diputación organizó una segunda adjudicación a la que se invitó a estas dos empresas como «mero trámite» ya que los trabajos fueron adjudicados de nuevo a Eiriña, mediante una partida de libre disposición del presidente provincial, por una cantidad similar al sobrecoste generado en las obras del campo de fútbol.

El dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, y su número dos en esta empresa, Jaime Alvariñas, negaron haber amañado la licitación de estas obras rechazando que acordasen con las otras dos constructoras que presentaran «presupuestos de compromiso» para darle legalidad a este proceso de adjudicación. «Me pagaron la obra y no hubo ningún tipo de problema», ha resuelto Alonso Pais.

Igualmente, el entonces director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, Manuel Juanatey, ha justificado que se licitó un segundo concurso ante las «necesidades detectadas» para mejorar el campo.

En los documentos exhibidos durante esta prueba testifical los abogados de la defensa mostraron como la Diputación ya había pagado a la empresa un importe por unos modificados surgidos durante la construcción del campo de fútbol, unas obras diferentes a la ampliación del muro que fue objeto de la segunda adjudicación que tuvo un coste muy parecido.

EL AYUNTAMIENTO «NO GESTIONÓ» LA CONTRATACIÓN

Por su parte, Luisa Piñeiro ha insistido en que el Ayuntamiento de Moraña no gestionó la contratación, la adjudicación ni el pago de estas obras, limitando su participación en este asunto a que desde el Gobierno local «pedimos una subvención y nos han hecho un campo de fútbol», ha concluido.

La Fiscalía ha pedido la reproducción en la Sala de dos conversaciones grabadas en el teléfono intervenido de Jaime Alvariñas en las que, con apenas 10 minutos de diferencia, hablaba sobre esta obra con Mauricio Rodríguez, representante de E.C.Casas y con Diego González, administrador de Construcciones y Canalizaciones Salnés, ambos acusados en esta causa.

Los dos empresarios han enmarcado esta conversación en cuestiones laborales ajenas a cualquier artimaña irregular, como la consulta de precios o la posibilidad de una subcontratación.

CUESTIONES PREVIAS

Al inicio del juicio, los letrados de la defensa se ocuparon de las denominadas cuestiones previas en las que han pedido la nulidad de todas las actuaciones.

Los abogados han argumentado, entre otras razones, que son nulas las escuchas telefónicas practicadas y sus transcripciones y han asegurado que en este caso se ha vulnerado el derecho de defensa de los acusados.

Además, han planteado que el juzgado instructor, el de primera instancia de número 7 de Vigo, carece de «competencia territorial» en esta causa surgida dentro de la Operación Patos o que la investigación ha sido prospectiva.

El abogado de Luisa Piñeiro también ha pedido la retirada de la acusación de fraude contra la alcaldesa de Moraña al entender que ha prescrito.