Solo dos de cada 10 plazas de atención residencial a dependientes en Galicia son públicas, según los datos del sindicato CC.OO., que cifra en 17.652 las que están «en manos privadas», de un total que supera las 22.753.
La responsable de empleo de la central, Maica Bouza, ha presentado este martes en rueda de prensa el informe ‘O modelo de atención á dependencia en Galicia: prestacións e emprego’.
Junto a ella han comparecido la auxiliar de ayuda a domicilio Carmen Villar, presidenta del comité de empresa de Idades, quien ha criticado la ausencia de un protocolo unificado en el sector para hacer frente a la pandemia de la covid-19, puesto que estos llegaron «tarde, mal y por varias vías».
Villar, quien también ha asegurado que «las PCR no están funcionando» en este sector y que únicamente se realizan cuando un ayuntamiento entra en nivel rojo de alerta, ha denunciado, a raíz de la crisis del coronavirus, la proliferación de «ERTE ilegales y un montón de suspensiones por parte de usuarios porque veían que no había material de prevención y tenían miedo a contagiarse».
Sin estimación de los contagios que se producen en este ámbito, pero con la convicción de que en algunas zonas el nivel de infecciones fue elevado, esta trabajadora también ha lamentado condiciones laborales y salarios bajos, por lo que ha solicitado la apertura de «una línea de diálogo» con la administración.
Junto a ellas, el portavoz de atención sociosanitaria de CC.OO., Alfonso García, ha avisado de una «desprofesionalización» del sector y «huida hacia otros» ámbitos.
Igualmente, ha reprochado la existencia de «plantillas insuficientes», carencias en cuanto a material e instalaciones y salarios «muy bajos», inferiores a los 1.000 euros.
«POCO CONTROL Y EXCESIVA CONCENTRACIÓN»
En Galicia, a datos a septiembre, hay unas 62.041 prestaciones a la dependencia reconocidas y 5.219 en listas de espera, según las cifras del estudio de Comisiones. El «resultado de la lenta puesta en marcha de la ley y también de los recortes del PP en 2002», en palabras de Maica Bouza.
Bouza ha censurado que «en vez de una apuesta» por este servicio, lo que se hizo fue «reasignar el tipo de prestaciones que otorgaba a los solicitantes» y «cada vez más (una adjudicación de) las de más bajo coste», como la «teleasistencia» y las «medidas de prevención». Estas son, ha dicho, «las más baratas» y que se ofrecen «desde el sector público».
Sin embargo, ha advertido de que «en manos de la iniciativa privada» quedan «los servicios más caros, como atención residencial», pese a que «la ley decía que se priorizarían los servicios públicos». La gestión de las residencias que eran de la Xunta «fue privatizada», ha denunciado.
En este escenario de «proliferación de empresas externas», ha reprobado que estas compañías que prestan servicios de atención a la dependencia ven este campo «como un negocio». Son, ha asegurado, «multinacionales que actúan en un mercado de poco control público, con grandes centros obsoletos, excesiva concentración y auténtica carencia de personal».
«CONDICIONES LABORALES DEPLORABLES»
Ha señalado a DomusVi, «buque insignia de las empresas privadas de atención a la dependencia» y ha añadido que el panorama «no es diferente» en la ayuda a domicilio, aunque «en este caso» son firmas «más nacionales que internacionales», pero que lo que hicieron fue bajar sus ofertas en las licitaciones «sin renunciar a tener beneficios», lo que repercutió en las condiciones del personal.
«Este es el modelo de atención a la dependencia», ha alertado, por la situación de «casi 40.000 personas que trabajan en el sector» y que sufren «empleo a tiempo parcial mayormente, muchas veces temporal y con condiciones laborales deplorables».
Asimismo, ha incidido en que «la covid pilló a la atención a la dependencia no solo con precariedad y recursos insuficientes», sino que «puso en evidencia sus deficiencias». «No hay protocolos, hay concentración de usuarios… Esto provocó en marzo y sigue provocando que tanto los usuarios como los trabajadores estén en absoluta desprotección», ha denunciado.
PLAN DE CHOQUE
Con este documento, CC.OO. pretende que el servicio de atención a la dependencia ofrezca «una calidad óptima que no se está dando», tanto para usuarios como para profesionales.
Para eso, pide «un plan de choque» que incluya una «auditoría covid», más presupuesto, «recuperar la gestión pública» de centros y dotarlos de más plazas, coordinación sociosanitaria del Sergas y redefinición de los centros según el grado de dependencia.
«Demandamos a la Xunta la apertura urgente de una mesa de diálogo social tripartito para analizar la situación y dar respuesta a la gravísima situación que se está viviendo», ha concluido Maica Bouza.
