El sector de las granjas de visones de Galicia se muestra tranquilo ante la polémica vivida esta última semana en el continente europeo por el sacrificio de entre 15 y 17 millones de estos animales ordenado por el Gobierno de Dinamarca.

El origen de la polémica radica en el hallazgo de una mutación de la COVID-19 por parte de las autoridades sanitarias de ese país. El Gobierno adoptó esta medida (y se tuvo que disculpar posteriormente) por temor a que esta nueva cepa truncase los planes de vacunación, tras detectar cerca de 270 granjas con visones afectados y al menos 12 personas infectadas.

Galicia cuenta con la mayor parte del volumen de negocio del sector en el Estado, en concreto las tres cuartas partes del total de granjas, debido a las ventajas del clima de a comunidad para el pelaje de estos animales.

La comunidad cuenta con unos 26 de estos centros registrados y cerca de 81.500 reproductoras, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural. La mayor parte de ellas se aglutinan en la Asociación Gallega de Criadores de Visón (AGAVI), que está compuesta por más del 90% de los granjeros de este territorio.

La entidad asegura que desde el inicio de la pandemia se adoptaron «medidas específicas para evitar la infección de los trabajadores-cuidadores de las granjas», mediante «estrictos protocolos de bioseguridad» y el uso de equipos de protección individual.

CONTEXTO DIFERENTE

Fuentes de la directiva defienden en declaraciones a Europa Press el buen funcionamiento de estas acciones y se remiten a Teruel, el único caso registrado en España. «Todas las pruebas y análisis realizadas demostraron que la infección, que fue asintomática, no procedía de los animales, sino de seres humanos».

En el resto de las granjas, aseguran, «no se ha producido ningún positivo entre visones o trabajadores» desde el mes de marzo, por lo que los empresarios consideran que «la situación está controlada».

La Consellería Medio Rural también defiende la situación y las medidas del sector en la comunidad y pone distancia respecto a los casos de coronavirus producidos en Dinamarca o Países Bajos.

En este sentido, el departamento autonómico insiste en que la estructura del sector «nada tiene que ver con la densidad de explotaciones y animales» en esos países, que cuentan con un censo «infinitamente más elevado» que en Galicia y que en muchos casos se concentra «en zonas territoriales muy determinadas».

ALTO RIESGO DE DISPERSIÓN

Otros sectores sociales, por el contrario, no comparten la visión y diagnóstico aportado por las granjas y la administración autonómica.

La asociación ecologista Adega alertó esta semana del alto riesgo de dispersión del virus por el volumen de negocio de estas explotaciones, a pesar de tratarse de una especie invasora y de elevado riesgo biológico.

La organización ha advertido, además, que de las 26 granjas ubicadas en Galicia «solo se hicieron controles en cuatro de ellas», debido a que la comunidad aplica el programa de vigilancia diseñado por el Gobierno central, que únicamente realiza pruebas en el caso de observar sintomatología compatible con la COVID-19.

Asimismo asociaciones como WWF también han reclamado que se decrete el cierre de estas granjas de cría por tratarse de una especie que puede aumentar el vector de transmisión del virus entre humanos y animales.

Una petición que se ha reiterado desde hace una década y que ahora cobra doble fuerza ante las decisiones de países de Dinamarca o de Holanda de sacrificar la cabaña de visón europeo.

LA INCIDENCIA ES NULA

La Xunta mantiene, sin embargo, que la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias estuvo en contacto permanente con el sector peletero tras las situaciones vividas en estos territorios e incidió en el incremento de medidas de bioseguridad para evitar la transmisión del virus.

Con el fin de limitar los posibles riesgos sobre la salud, las granjas no realizan ningún transporte transfronterizo de animales vivos y todas ellas se someten a exhaustivos controles sanitarios y de calidad de forma periódica, a los que se añadieron las medidas específicas por la crisis del coronavirus.

«Somos conscientes de nuestra responsabilidad y los primeros interesados en la prevención, vigilancia, y en su caso, aplicación de las medidas que sean necesarias para evitar riesgos derivados de una eventual infección de alguna granja», inciden desde AGAVI.

Medio Rural defiende el programa de vigilancia aplicado en Galicia y que se realizan visitas a las diferentes explotaciones de la comunidad para comprobar las condiciones de seguridad.

Los animales son sometidos a pruebas diagnósticas en caso de detectar síntomas e incluso a chequeos preventivos por parte de las explotaciones. Hasta el momento, todas las pruebas han resultado negativas y la incidencia de la pandemia es nula.