El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, ha destacado que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es «muy satisfactorio» pues «corrobora las tesis» de los representantes de los trabajadores en relación con una eventual parada de las cubas de electrolisis, que los magistrados impiden ya que sería «irreversible» para un futuro mantenimiento de la planta de Cervo (Lugo).

En declaraciones a Europa Press, Zan, de CC.OO., ha invitado a la dirección de la empresa a «sentarse a negociar la venta» de la planta, toda vez que este es «el último revés» que sufre en la crisis planteada tras la intención de la compañía de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 personas en la factoría de A Mariña.

De acuerdo con los cálculos del presidente del comité, de ejecutarse los despidos –cuestión que permite el fallo del TSXG– «serían una parte mínima», ya que estima que en torno al 90% de la plantilla es precisa para mantener en funcionamiento las cubas. Además, luego «se podrían recurrir».

Por ello, lamenta «la sinrazón» del ERE, que, desde un primer momento, los representantes de los trabajadores han rechazado por considerar que es «fraudulento», e insiste en la necesidad de que fructifique la operación con Liberty House, la compañía interesada en adquirir la factoría de San Cibrao.

SINDICATOS

Por su parte, la CIG valora que, «frente al discurso de Alcoa», la decisión del TSXG «refuerza la evidencia del daño irreversible que supondría la parada de las cubas de electrolisis, así como la complejidad técnica y el elevado coste de este proceso».

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, considera que tras este auto «el Gobierno no puede esperar más para actuar» y «ya no tiene excusas para impedir que el terrorismo patronal de Alcoa campe a sus anchas amenazando con ejecutar los despidos y desmantelar la fábrica».

Al respecto, subraya que «las soluciones» para la fábrica de San Cibrao «no están en los juzgados» sino que «dependen únicamente de las decisiones políticas del Gobierno central y de la Xunta».

Por eso, insta a ambas administraciones a «aprovechar el tiempo y poner en marcha de inmediato los mecanismos legales para efectivizar la nacionalización de la planta».

Mientras, la federación de industria, construcción y agro de UGT manifiesta su «satisfacción con el fallo» que estima en parte las medidas cautelares y ordena a Alcoa «abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas».

«El fallo supone un serio revés para la dirección de Alcoa y da la razón a las tesis mantenidas por UGT FICA, que exige una solución definitiva para el futuro de la planta de San Cibrao y de sus 534 trabajadores», sostiene.

Así, sigue «defendiendo que la única solución al conflicto generado por Alcoa es la venta del complejo industrial al completo o un acuerdo de suministro a largo plazo, que dé la estabilidad necesaria para el desarrollo del proyecto industrial del comprador, GFG Liberty House».

Reclama al Gobierno y a la Xunta de Galicia que adopten «una solución rápida que garantice el futuro del empleo y de la actividad industrial».

Y concluye que «es fundamental seguir apostando por un proyecto de futuro basado en la sostenibilidad industrial a largo plazo y con una base energética que pueda dar garantías de mantenimiento de la producción de aluminio en San Cibrao por muchos años».