El BNG ha presentado en el Ayuntamiento de Castrelo de Miño un recurso extraordinario de revisión contra la convocatoria del pleno de organización celebrado el pasado 31 de agosto y que elevó al cargo de tenientes de alcalde a Francisco Pérez y a Jaime Fontanes, ediles que semanas antes habían abandonado el PSdeG y considerados tránsfugas por la formación.

Los nacionalistas recuerdan que el 11 de agosto se llevó a cabo la moción de censura por la que salió elegido como alcalde Avelino Pazos Pérez, del PP, con el apoyo de los dos concejales tránsfugas que se encontraban en el grupo de no adscritos. Desde esa posición, señalan que desde ahí apoyaron una moción que les supuso mejoras económicas y políticas –Jaime Fontanes, tercer teniente de alcalde, obtuvo una dedicación exclusiva de 23.000 euros–.

Al respecto, apelan a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que indica que el pase a edil no adscrito «impide que se asuman cargos o perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas».

El BNG ha manifestado que, con base en esta sentencia, que crea jurisprudencia, «debe considerarse nulo de pleno derecho» el acuerdo por el que se nombró primer y tercer teniente de alcalde a los concejales tránsfugas, así como «su participación o cobro» en cualquier órgano de gobierno «que no se ajuste a su condición de áreas asignadas».

En consecuencia, el Bloque ha presentado en el registro municipal un recurso extraordinario de revisión al considerar que con este fallo del Tribunal Supremo los dos ediles no pueden «ostentar retribuciones económicas» porque «no pueden ocupar esos cargos a causa de su condición de tránsfugas y no adscritos». Por ello, han exigido al «ilegítimo alcalde» que «los cese inmediatamente» y que «les retire las áreas asignadas».

Del mismo modo, han solicitado que las «dedicaciones percibidas» por el tercer teniente de alcalde y el cobro por asistencia a juntas de gobierno local por parte del primer teniente sean devueltas «íntegramente» por tratarse de «cantidades obtenidas irregular e ilegalmente» por ser «nulo» el pleno de organización.

«SIGUIÓ LOS CAUCES LEGALES»

Por su parte el actual regidor municipal, Avelino Pazos, ha asegurado que el pleno de organización «siguió todos los cauces legales y reglamentarios» marcados por normas y leyes «como dió fe la secretaria».

Además, ha añadido que «se seguirán las leyes como se han seguido hasta ahora, si la normativa es de octubre y el pleno fue en agosto, esto tendrá que determinarlo los servicios jurídicos» y que, mientras, «se seguirá trabajando por el ayuntamiento como se ha estado haciendo, acatando la legalidad».