La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre transfuguismo ha avivado las críticas contra los nombramientos de una exedil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de A Coruña, ahora cargo del gobierno local de la socialista Inés Rey, y del exmano derecha del alcalde de Ourense, Miguel Caride, que ahora ha sido nombrado vicepresidente en la Diputación de Ourense tras ser cesado el anterior –de Democracia Ourensana– afín al regidor de la capital, Gonzalo Pérez Jácome.

Así se traducen las repercusiones por la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, «impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas». De esta limitación queda excluida la incorporación a las comisiones informativas.

La sala ha hecho este pronunciamiento en una sentencia que se pronuncia sobre un caso de transfuguismo en el Ayuntamiento de la Font de la Figuera (Valencia) tras la elecciones de mayo de 2015.

En este escenario, Democracia Ourensana ha emitido un comunicado en el que apunta que, al margen de la nueva sentencia que «impediría a Caride ser vicepresidente de la Diputación», recuerda que «ya el pacto antritransfuguismo» firmado en su día por PP y PSOE «ya contemplaba que los tránsfugas no pueden ocupar cargos».

«Es decir, la Diputación de Ourense no puede tener un minuto más a Caride como vicepresidente, porque estarían incumpliendo lo que firmó, entre otros partidos, el propio PP», ha señalado la formación del regidor ourensano, que gobierna en minoría con tres ediles tras la marcha de los que ahora son críticos y la suspensión del pacto de gobierno por parte de los populares.

CASO DE A CORUÑA

Mientras, en A Coruña, el grupo municipal de Marea Atlántica ha registrado un escrito a la Alcaldía en el que solicita a la regidora, Inés Rey, el cese «inmediato» de la exedil de Cs Mónica Martínez, en aplicación de la sentencia que se ha conocido este martes.

En el caso de Martínez, señala Marea Atlántica, «se incumplen» ambos casos: subida de salario y nombramiento, el cual considera este grupo municipal como «netamente ilegal», en palabras de la portavoz, María García.

En el escrito, presentado este miércoles, Marea Atlántica también solicita que se incorpore al expediente correspondiente el recurso de reposición que se registró el 1 de octubre, aunque sin respuesta por parte del gobierno municipal, y que se «inicien de inmediato las actuaciones precisas para poner fin a la situación manifiestamente ilegal» de la concejala.

Sobre el caso de la exedil de Ciudadanos, la portavoz de la formación naranja, Beatriz Pino, dijo, en las últimas horas, que su partido «ha luchado siempre contra cualquier forma de corrupción» y ha recalcado que el «transfuguismo es una de ellas» y ha reclamado la devolución del acta de concejala.