El pleno de la Diputación de Lugo ha aprobado este martes por unanimidad una iniciativa presentada por el gobierno de PSOE y BNG, que ha contado con el voto favorable del PP, para demandar al Gobierno central un «impulso» a las obras de la autovía a Ourense, la A-56, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.
Durante la sesión, el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, ha subrayado que su grupo defiende esta propuesta «como siempre hacen los socialistas» a la hora de «reclamar infraestructuras» para la provincia «no solo en lo que respecta a la comunicación con la meseta, sino también las comunicaciones interiores».
La iniciativa, llevada a pleno por el gobierno bipartito, cuenta con un «doble sentido reivindicativo», ya que, en palabras de Rivera, reclama impulsar esta obra que el Gobierno de Pedro Sánchez «reactivó» tras estar «parada casi una década» por la gestión de Mariano Rajoy.
Enfrente, el portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, ha avanzado el ‘sí’ de los populares a la propuesta, si bien ha señalado que el texto «aporta muchas más dudas e inquietudes sobre el compromiso» del Ejecutivo estatal con las infraestructuras de la provincia.
«El Gobierno del Estado lleva dos años sin tener Presupuestos, dos años sin consignarle ninguna partida para estas obras y únicamente ha ejecutado lo que dejó hecho el PP» en las cuentas de 2018, ha señalado.
Además, a pesar de su voto favorable que ha facilitado la unanimidad, ha lamentado que no se aceptasen sus enmiendas para incluir también un impulso para la autovía Lugo-Santiago (A-54) y la Autovía da Mariña (A-74).
Por parte del BNG, Efrén Castro se ha «congratulado» de que «ahora el PP de Lugo no quede fuera» de las reivindicaciones en materia de infraestructuras, pero le ha instado a hacerlo «siempre, gobierne quien gobierne».
Así, aunque los nacionalistas no han visto con malos ojos las enmiendas de los populares sobre la A-54 y la A-74, Castro ha explicado que «no comparten» que se incluyan en el texto «alabanzas» al Gobierno de Mariano Rajoy porque fue «desastroso» para Galicia y para la provincia de Lugo.
Finalmente, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad con 24 votos favorables –10 del PSOE, tres del BNG y 11 del PP– de los 25 que componen el pleno, puesto que en la sesión de este martes se ha ausentado el diputado popular y exalcalde de Vilalba Agustín Baamonde. El presidente provincial, José Tomé, ha justificado su falta porque «está confinado» por la pandemia.
«TRANSPARENCIA» CON LOS DATOS COVID
Asimismo, el pleno de la Diputación ha aprobado una propuesta del PSOE para reclamar a la Xunta «transparencia» en los datos de contagios de la COVID-19 y una línea de diálogo y colaboración «permanente» con los alcaldes. Aparte de los socialistas, la han apoyado los tres miembros del Bloque, mientras que los populares han votado en contra.
La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, ha incidido en que esta interlocución que demandan debe tener en cuenta a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) junto con los regidores de las siete grandes ciudades y los presidentes de las diputaciones.
También en el contexto sanitario, el pleno de este martes ha dado su visto bueno, con la abstención del PP, a una propuesta del PSOE para reclamar a la Xunta la cobertura de una plaza de médico que quedará vacante por jubilación en el centro de salud de Escairón, en el ayuntamiento de O Saviñao.
RED DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS
A mayores, ha habido unanimidad entre PSOE, BNG y PP para aprobar la adhesión de la institución provincial a la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España. De acuerdo con el expediente presentado por el gobierno bipartito, la entrada de la Diputación en este órgano se produce en calidad de «socia fundadora».
En otro orden de cosas, ha salido adelante también, con la abstención de los populares, la cuenta general del 2019 de la Diputación y de la Sociedade Urbanística Provincial de Lugo SA (Suplusa).
La diputada de Economía, Recadación, Facenda e Contas, Mayra García Bermúdez, ha explicado que se trata de un trámite administrativo que hace «una foto fija de la situación contable» de la institución a 31 de diciembre de 2019, a la que «no se presentó ningún tipo de reclamación».
