El Gobierno gallego ha remitido recientemente el proyecto de ley de la acción exterior y cooperación para el desarrollo de Galicia, una de las normativas pendientes de la pasada legislatura que el ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo ha retomado con el inicio de este mandato y ya se tramita en el Parlamento autonómico.

Este proyecto normativo supuso cierta confrontación con el Ministerio de Exteriores en los trámites previos, en los que se sumaron algunas de las precisiones que ha realizado la administración general. De hecho, hubo negociaciones técnicas y políticas para evitar cualquier posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la normativa catalana que acabó suspendida cautelarmente.

En días pasados, el presidente de la Xunta comunicó que, de nuevo, su Gobierno dio luz verde a este proyecto legislativo. Así, la gallega será la segunda autonomía en contar con una legislación de este tipo después de Cataluña, lo que dotará a esta «nacionalidad histórica», como recoge el propio proyecto normativo, de herramientas para desarrollar la acción exterior y fomentar la proyección de la «imagen» de Galicia en la Unión Europea y el resto del mundo.

En su intervención pública para presentar la propuesta normativa, Feijóo destacó que este proyecto legislativo había contado con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la mayoría de competencias exclusivas en la acción diplomática, pero esta «validez», que destacó el mandatario autonómico, se produce en un contexto en el que el propio informe de antecedentes remitido por la Xunta al Parlamento de Galicia habla de «fricciones» entre ambas administraciones, las cuales fueron negociadas políticamente antes de cerrarse un texto.

Uno de los encargados de esta negociación fue el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta, Jesús Gamallo, quien confirmó a Europa Press las negociaciones que fructificaron en un texto que ha sido presentado al Parlamento con el aval del actual Ejecutivo central.

Del análisis de los antecedentes e informes que acompañan a la ley, recopilados por Europa Press y que han sido remitidos junto al proyecto normativo a la Cámara, se desprende que la mayoría de las alegaciones presentadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Maeuec) fueron incorporadas, porque eran de «sistemática y estilo». Sin embargo, el Ministerio pretendía insistir a lo largo de la normativa gallega en incluir alusiones al marco estatal –la ley 2/2014, del 25 de marzo, de acción y servicio exterior del Estado–, algo que no fue atendido: «no fue asumido porque es innecesario (al ser de obligado cumplimiento «no porque se cite) y porque su «excesiva reiteración nominativa genera la falsa impresión de que la ley autonómica es una ley menor, casi de rango reglamentario, con lo que conlleva de imagen».

De esta manera, el Gobierno autonómico no aceptó reiterar unas alusiones que, como explicó Gamallo a Europa Press, supondría una minusvaloración de la normativa gallega y sería difícil, incluso, de leer. «Ya se sabe que la ley estatal», añadió, es de «obligado» cumplimiento.

El proyecto de ley tiene, entre sus objetivos, la «defensa de los derechos, libertades y legítimos intereses de la ciudadanía gallega en el exterior», la promoción de la cultura y lengua gallegas y la promoción de la imagen de Galicia.

«FRICCIONES» POR LOS VIAJES

«Donde se presentaron mayores fricciones» es en el ámbito de la comunicación de viajes y recepciones, apunta el documento de remitido al Parlamento. Al respecto, el ministerio señala que «quedaron en un limbo» los viajes de algunos de los sujetos de la acción exterior gallega, en referencia a entidades como pueden ser las instituciones universitarias o locales.

En sus objeciones, el ministerio «resaltó la conveniencia» de citar la normativa legal española en este caso. Lo consideró «más que pertinente», puesto que citar el artículo 52 de la ley 2/2014 del 25 de marzo, de Acción y del Servicio Exterior del Estado, «contribuiría, sin duda, a asegurar la coherencia de las disposiciones con el sistema constitucional de distribución competencial en la materia».

Finalmente, la Xunta acabó modificando la redacción del artículo 20 y añadió que las autoridades, al margen de las autonómicas, que quieran realizar actuaciones en el exterior, deberán comunicar sus propuestas de «viajes, visitas, intercambios y recepciones y actuaciones con proyección exterior» al centro directivo en el que se encuadren las competencias fundamentales de acción exterior, que «deberá examinar su adecuación a la estrategia de acción exterior y su «coordinación» con el ministerio que se encarga de los asuntos exteriores.

Fuentes de la Xunta han explicado a Europa Press que la ley obliga comunicarlo al Ministerio, pero que se puede realizar a través de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, de la que actualmente es titular Jesús Gamallo.

DELEGACIONES

La normativa que se debatirá ahora en el Parlamento también da rango legal a las delegaciones de la Xunta fuera de Galicia y formaliza las actividades de la Fundación Galicia Europa, que funciona como órgano de representación de Galicia y en un momento en el que la captación de fondos europeos es uno de los asuntos más relevantes en la agenda autonómica. Actualmente, solo hay dos delegaciones creadas, en Argentina y en Montevideo, y cuentan con un único representante de Galicia para ambos países.

Gamallo ha indicado que estas dos oficinas, creadas por decreto, quedan ahora consolidadas por ley. La normativa no define la apertura específica de más centros de este tipo y, como ha dicho el director xeral de Exteriores a Europa Press, la actual coyuntura no predice que la Xunta vaya a abrir nuevas delegaciones, aunque la normativa «no lo impide».

Lo que sí está recogido como una de las principales novedades del texto es un registro de gallegos y de empresas en el exterior, que será gestionado desde Galicia y que tiene carácter «voluntario».

Concretamente, se define en el artículo 105 como ‘Asiento de gallegos en el exterior’ y está dirigido a aquellos ciudadanos con la condición política de gallegos, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, que se «desplacen al exterior por más de un año». Estas personas podrán inscribirse de forma voluntaria en este registro, que dependerá de la dirección responsable de apoyo a la diáspora gallega, y al margen de que se incluyan también en el Registro de Matrícula consultar correspondiente del acuerdo con la normativa estatal.

El objetivo es «facilitar» las gestiones administrativas con las administraciones gallegas, al tiempo que «constituir redes de apoyo, asistencia y difusión cultural», junto con propiciar «el adecuado retorno a Galicia».

En declaraciones a Europa Press, Gamallo afirmó que, de haber contado con este registro durante la pandemia, hubiese permitido dar «agilidad» a repatriaciones y otras peticiones realizadas por la diáspora al decretarse medidas de restricción por la covid-19. Por ello, ha considerado que este asiento tendrá ventajas para el futuro en el caso de que se repitan estas situaciones.