La EAPN-Galicia Rede Gelega contra a Pobreza y el Partido Socialista han pedido este viernes una ley del tercer sector en la que se regule su trabajo y se de objetividad a los recursos que se le aportan.
En declaraciones a los medios junto a la diputada del PSdeG Marina Ortega y después de mantener un encuentro en el que también ha participado el líder de esta formación, Gonzalo Caballero, el vicepresidente de EAPN-Galicia, Daniel Bóveda, ha incidido en que el tercer sector es «una pata esencial para la reconstrucción del bienestar social y la igualdad» a consecuencia de la covid.
Por ello, ha apelado al «consenso político» de cara a la aprobación de esa ley que les de «seguridad jurídica» a su trabajo; un objetivo para el que la EAPN ha señalado que abrirá un diálogo con los distintos grupos parlamentarios y el Gobierno de la Xunta.
Por su parte, Marina Ortega ha trasladado el apoyo del PSdeG a las entidades del tercer sector y ha asegurado que esta tiene que ser la legislatura en la que se apruebe la ley del tercer sector, consciente de las «trabas» que las entidades sufren a causa de la ausencia de una regulación normativa autonómica.
«En la tarea de la reconstrucción social es el reconocimiento a su trabajo», ha señalado Marina Ortega, que se ha mostrado partidaria de «institucional y profesionalizar» el trabajo de estos colectivos.
EL SECTOR PIDE «CONSENSO POLÍTICO»
Además, la EAPN-Galicia, Rede Galega contra a Pobreza ha pedido a la Xunta de Galicia y a la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp) la puesta en marcha de una mesa de diálogo social que permita la puesta en marcha de medidas que redunden en una mejora de la atención.
«Queremos apelar al papel institucional que tienen todas las corporaciones municipales y la Xunta para que tomen e impulsen la Agenda Social de Galicia, en la que se definan las competencias en política social para que podamos reducir la burocratización y llegar a las personas que lo necesitan», ha manifestado Daniel Bóveda.
VIVIENDA
Por otra, preguntado sobra la problemática de la okupación, David Bóveda ha considerado necesarias políticas activas de vivienda y ha recordado que la vivienda es una «barrera» para muchas personas en situación de vulnerabilidad como las víctimas de violencia de género.
«Existe un problema de vivienda adecuada y digna y pedimos a la Xunta un plan de vivienda y alquiler social que permita dar acceso a las personas», ha apuntado.