Todos los grupos políticos con representación en el Parlamento gallego han apoyado este jueves una iniciativa para pedir a la Xunta que exija al Estado que asuma el 50% de la financiación de la Ley de Dependencia, y que lo haga, además, de forma retroactiva, una cuestión añadida a través de una enmienda del BNG, que ha advertido de que «no es una limosna», si no «una deuda histórica».
La iniciativa, presentada por el PPdeG en la Comisión de Sanidade, ha incorporado también, a enmienda del BNG, la reclamación de que la Xunta «adopte todas las medidas que sean necesarias» para reducir el tiempo de espera y de tramitación de estos expedientes. Los tres grupos han votado a favor.
El diputado popular Alberto Pazos Couñago ha sido el encargado de defender la proposición, una intervención en la que ha elogiado la implicación del Gobierno de Núñez Feijóo con esta ley, y ha afeado el papel del Gobierno central, que «no ha sido capaz de cumplir sus compromisos» en la materia.
Según ha dicho Pazos Couñago, desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta se cuadriplicó el número de personas atendidas dentro de la Ley e Dependencia, pasando de 15.000 en 2009 a los cerca de 62.000 actuales. Además, ha puesto en valor, se alcanzó a mitad de la pasada legislatura la cifra de 60.000 atendidos planteada como meta de todo el periodo. «Y todo eso en un contexto presupuestario con menos margen. Con menos dinero, se hizo más», ha dicho el diputado popular.
GALICIA «HA ESTADO MUY SOLA»
Sin embargo, Alberto Pazos ha asegurado que «Galicia ha estado muy sola en este proceso», por parte «de todos los Gobiernos» que ha habido a nivel nacional. «El gran defecto de la Ley de Dependencia fue la falta de compromiso del Gobierno del Estado para aportar el 50% de la financiación», ha dicho el diputado popular, una cuestión incluida en la norma.
Para los populares, con la conformación de esta ley «se creó una gran expectativa y no se dotó de recursos suficientes» para llevar a cabo un sistema que «mientras no alcance el nivel de financiación previsto», no «puede desplegar todos sus efectos».
Actualmente, ha dicho Pazos Couñago, la Xunta invierte «el triple que el Estado» en atención a la dependencia, esto es, un 76% frente al 24% de financiación del Gobierno central, algo que «impide incorporar el 100% de personas con dependencia y aumentar la cuantía de las prestaciones».
CON EFECTO RETROACTIVO
En su turno de intervención, el BNG, que se ha mostrado de acuerdo con las exigencias incluidas en la iniciativa, ha defendido una enmienda para reclamar, además, que se transfieran a Galicia los «atrasos» de esa financiación compartida a medias de forma retroactiva.
Esto supondría, en palabras de la diputada Olalla Rodil, unos «200 millones de euros anuales» que constituyen una «deuda histórica» con la comunidad. «No es una limosna, no es un acto de voluntad, es un derecho», ha dicho.
Aunque la situación con respecto a la ley ha mejorado, ha indicado Rodil, en Galicia «aún hay 6.400 personas esperando a que se les reconozca ese derecho y a poder percibir esas ayudas». Del mismo modo, y aunque «no hay tanto tiempo de espera», ésta todavía «es elevada», con 341 días de media de tramitación frente a los 180 que exige la norma.
Por eso, el BNG también ha reclamado que la Xunta «adopte todas las medidas que sean necesarias para reducir esa lista de espera y ese tiempo de tramitación», para que todos los beneficiarios puedan recibir su ayuda «en tiempo y forma».
MEJORAR EN DEPENDENCIA
Finalmente, la diputada socialista Marina Ortega ha aprovechado su intervención para reivindicar que fue un «gobierno socialista» el que creó la Ley de Dependencia y para afear los «recortes» que ha sufrido en los últimos años, de los que ha culpado al Gobierno de Núñez Feijóo. «El PP lleva 12 años en el Gobierno –de Galicia– y eso ha resentido notablemente la Ley de Dependencia», ha dicho.
Los socialistas, que han votado a favor de la iniciativa, han reconocido que «todo lo que se pueda mejorar en dependencia» es «bueno para Galicia», aunque han llamado la atención sobre la responsabilidad de la Xunta. «No es que tengamos menos lista de espera, es que la gente ya no la pide porque sabe que no funciona», ha dicho Marina Ortega, que ha reclamado un «cambio de modelo» y un incremento de la inversión en equipos de valoración para agilizar los expedientes.
