La Xunta de Galicia realizó más de 250 inspecciones en residencias de mayores y de personas con discapacidad e inició un total 32 procedimientos sancionadores en lo que va de año 2020.

De ello ha informado este miércoles la conselleira de Política Social, Fabiola García, durante su comparecencia en el pleno de la Cámara gallega, en la que ha dado respuesta a una interpelación formulada por la diputada del BNG Olalla Rodil.

En concreto, la parlamentaria del Bloque ha preguntado a la Xunta sobre la evolución de un expediente anunciado a la empresa Domus VI el pasado mes de abril y se ha interesado por las acciones del Gobierno gallego para evitar contagios en estos centros.

En su intervención, la conselleira ha sostenido que su departamento trabaja para «seguir perfeccionando» los procedimientos y actuar «cada vez con más contundencia» para lo que se ha reforzado la labor de inspección. Además, ha destacado un aumento del 12% del personal de estos centros y un incremento del 65% de los fondos destinados a las personas mayores.

«Aquí en Galicia se están haciendo las cosas bien, somos transparentes, mandamos todos los días a los medios y al ministerio los datos», ha manifestado antes de afear que el Ejecutivo estatal no informe de lo que ocurre en el «resto de comunidades».

Además, en su discurso, ha rechazado una «intervención sumarísima» de todas las residencias privadas por considerar que no es «realista ni responsable» y sería poner en cuestión al personal de estos centros que «en su inmensa mayoría tuvo un comportamiento intachable».

«Confío en que usted y su partido tengan una voluntad sincera y constructiva de seguir mejorando la atención sociosanitaria, porque nosotros también tenemos esa voluntad pero, donde no nos va a encontrar, es en un juicio sumarísimo contra un sector que, en su inmensa mayoría , ha respondido con responsabilidad, cariño y decisión», ha sostenido.

Todo ello en una intervención en la que ha defendido que «hoy las residencias están más preparadas que nunca para hacer frente a una enfermedad infecto-contagiosa».

CRÍTICAS DEL BNG

Por su parte, la parlamentaria del BNG ha recordado que casi la mitad de las personas fallecidas con covid en la primera ola de la pandemia fueron usuarios de estos centros y, en su mayoría, de titularidad privada.

Una situación que, en su opinión, debe «significar un punto de inflexión en diversos ámbitos». «Tienen la obligación de investigar qué ocurrió», ha sostenido Olalla Rodil, que ha preguntado a la conselleira si «realmente» se estudia lo que ocurrió en centros como los de Domus Vi, empresa a la que la Xunta anunció «en abril» un expediente.

Asimismo, tras reclamar los datos sobre las investigaciones iniciadas, se ha preguntado «qué falla» para que «después de todo lo vivido» se vuelvan a ver casos de residencias en los que la práctica totalidad de sus usuarios dan positivo.

Por último, ha vuelto a criticar que el Partido Popular «vetase» la posibilidad de poner en marcha una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre la situación de estos centros.