Alcoa advierte con la aplicación de un despido colectivo permanente que afectaría a los 534 puestos de trabajo de la planta de aluminio de San Cibrao (en Cervo, Lugo) en caso de que no haya «acuerdo sobre un ERTE» después de su rechazo a vender la factoría ni a Liberty House ni a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Expirado el plazo de la negociación para la venta, Alcoa informa a través de una nota de prensa de que esa «no ha sido posible» y que por ello se reúne este lunes con los representantes de los trabajadores «con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)». «O, a falta de acuerdo sobre un ERTE, la aplicación de un despido colectivo permanente», avisa.

En cualquier caso, dice mantener su «compromiso de trabajar para encontrar la mejor solución para los empleados».

La reunión de este lunes para abordar el ERTE ya fue convocada la semana pasada, de ahí que tanto el comité de empresa como el propio Gobierno acusen a Alcoa de «mala fe» por su negativa a deshacerse de la fábrica de A Mariña de Lugo.

Por su parte, la multinacional estadounidense afirma que «ha sido imposible llegar a un acuerdo para vender la planta de aluminio debido a las demandas poco razonables de GFG», el grupo propietario de Liberty.

Enmarca el encuentro con los representantes de los trabajadores en el acuerdo alcanzado el 13 de agosto con ellos y «que fue avalado por el Gobierno español y la Xunta de Galicia».

Además, defiende haber negociado «de buena fe» a lo largo del proceso de venta con GFG Alliance, pero destaca que no puede acordar la venta «en condiciones que no sean razonables».

«Alcoa hizo una oferta equilibrada para ambas partes e hizo varias concesiones para llegar a un acuerdo», asegura, antes de criticar que, «por el contrario, GFG no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables, incluida la aprobación de cualquier venta futura de la refinería, lo cual está fuera del alcance del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto».

El acuerdo, según apunta, «establecía que la negociación sólo consideraría la venta de la planta de aluminio en una transacción con términos comerciales razonables».

En este escenario, insiste en que la planta de San Cibrao se encuentra en una situación «insostenible» y lanza una acusación velada al Gobierno al incidir en que esto es así «debido en gran parte a la falta de un marco energético competitivo en costes y certidumbre para la producción de aluminio».

Indica que la planta ha acumulado pérdidas de más de 110 millones de euros en los dos últimos años (2018 y 2019) y en la actualidad asegura que pierde «aproximadamente 1 millón de euros por semana».

Por su parte, agradece «la predisposición del Gobierno a buscar alternativas ante la falta de progreso por parte de GFG Alliance». A este respecto, reconoce que el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI, pero reprueba que sus propuestas «también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería».

«No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores», incide.

Por ello, se manifiesta «consciente del impacto humano y social de este proceso», y resalta que ha dado «prioridad al diálogo» y ha hecho «grandes esfuerzos en los últimos cuatro meses para llegar al mejor acuerdo con los representantes de los trabajadores en relación con la situación insostenible de la planta».

DESDE MAYO

Alcoa inició el proceso con una consulta informal en mayo, abriendo posteriormente un proceso de consultas formal el 25 de junio, que se amplió hasta el 4 de agosto y, posteriormente, se volvió a ampliar el 13 de agosto por seis semanas para una posible venta de la planta.

Tal como solicitó el comité de empresa, ha continuado operando la planta de aluminio durante el proceso de venta, «a pesar de seguir incurriendo en importantes pérdidas operativas», llama la atención.