Madres y padres de alumnos del CEIP Praza de Barcelos en la ciudad de Pontevedra han protagonizado este martes una protesta ante el centro escolar situado en pleno centro urbano en la que reclamaron a la Consellería de Educación que rectifique en su decisión de cerrar una de las dos aulas de las que hasta ahora disponían en cuarto curso de Infantil.
Almudena López, portavoz de las familias, ha leído un comunicado en el que se criticó la medida que adopta la Consellería de Educación «justamente en medio de una crisis sanitaria de esta magnitud» obligando a estar en un mismo espacio a un total de 23 pequeños cuando «en este colegio no hay los problemas de espacio que sufren otros centros» en cuanto a falta de espacio o aulas para dividir al alumnado.
Los padres demandan una reunión «urgente» con el jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, ya que «no podemos entender que se suprima una de las aulas cuando más falta hace».
Cuando el pasado mes de julio la Inspección Educativa tomó la decisión de cerrar un aula había 19 alumnos matriculados, pero el CEIP Praza de Barcelos suele incrementar las matrículas a lo largo del curso y a día de hoy ya son 23 los alumnos de este curso de Infantil.
Entre otros apoyos, las familias cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Pontevedra, con la presencia en la concentración de varios concejales. También el grupo del BNG en el Parlamento gallego presentará un escrito en la Xunta de Galicia como ha anunciado durante la protesta el diputado nacionalista Manuel Lourenzo, que ha valorado como una «absoluta irresponsabilidad» la decisión de la Xunta en el actual contexto de pandemia por la covid-19.
QUE LA XUNTA «SE PONGA LAS PILAS»
«Exigimos que la Xunta de Galicia se ponga las pilas y trabaje para la contratación de profesorado», ha dicho Lourenzo.
El parlamentario del Bloque ha situado el cierre de este aula en el colegio de Barcelos en el «cúmulo de irresponsabilidades» que, a su juicio, está cometiendo el gobierno autonómico con el inicio del curso escolar. Y ha asegurado que «no hay ningún criterio economicista que quede por encima de los derechos a la salud y de la educación» y ha puesto a disposición de la comunidad educativa al BNG «para que se haga justicia».
