La oposición ha rechazado en bloque en el Congreso el «chantaje» y el «ataque» a la autonomía local que considera que el Gobierno está realizado a los ayuntamientos con el decreto sobre los remanentes, un decreto, dicen, que supone un «ataque» a la autonomía local. Para el BNG, en concreto, supone una «incautación de recursos municipales».
Por ello, prácticamente todos los partidos, incluido En Comú Podem, han reclamado al Ministerio de Hacienda que presente un nuevo texto. «El Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades», ha dicho Gerardo Pisarello, diputado de En Comú.
El primer grupo parlamentario en intervenir en el debate para la convalidación del citado decreto ha sido el PP, cuyo vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha justificado su posición en que su partido no puede ser «cómplice» de lo que considera «el robo del siglo».
«El hijo pretende ayudar al padre pero el padre le quita la hucha de los ahorros a sus hijos», ha ilustrado el dirigente popular, quien ha censurado al Gobierno por el «lamentable chantaje» al que, a su juicio, está sometiendo a los ayuntamientos al darles a elegir «entre el fuego y la sartén».
«SOBRA SOBERBIA Y FALTA VOLUNTAD DE DIÁLOGO»
«En este Gobierno sobra soberbia y falta voluntad de diálogo y consenso», ha lamentado González Terol, antes de pedir al Ejecutivo que se deje de «fuegos de artificio», que presente un nuevo decreto y que de solución a aquellas administraciones que están en primera línea de batalla contra el virus.
Y no ha sido el único en reclamar un nuevo decreto, puesto que también lo han hecho el grueso de las fuerzas parlamentarias. Y, en concreto, algunos de sus socios de investidura han ido más allá y han urgido al Gobierno a derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Económica y Presupuestaria impulsada en su día por el PP, también conocida como ‘Ley Montoro’.
Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha confirmado que su rechazo «al golpe más duro» que pretende atestar el Gobierno al municipalismo en estos años, a un «chantaje sin precedentes», ha añadido, que «castiga en lugar de premiar» y que «atenta» contra el principio de autonomía local. «El Gobierno, en lugar de apretarse el cinturón, le quita los ahorros a los ayuntamientos», ha denunciado el dirigente de Vox, para quien cada vez hay más motivos para la moción de censura que su partido pretende presentar «en breve».
En nombre de ERC, Joan Margall ha lamentado que el Gobierno haya apostado por la «recentralización y la austeridad» igual que el ‘popular’ Cristóbal Montoro y que pretenda convertir a los ayuntamientos «en el banco del Estado». Tras criticar duramente el decreto se ha abierto a negociar un nuevo con el Ejecutivo que respete el principio de autonomía local y no incluya «chantajes».
SE HAN QUEDADO SOLOS
Desde Ciudadanos, Carmen Martínez Granados ha lamentado que esta vez no haya sido posible un acuerdo con el Gobierno, al que ha acusado de «no escuchar» a la oposición ni a los ayuntamientos y de intentar ponerles «entre la espada y la pared» con el polémico decreto. Eso sí, ha destacado que «aunque hoy se hayan quedado solos», no lo están y pueden traer un nuevo texto, eso sí consensuado, con cambios legislativos para solucionar el problema de los remanentes.
Idoia Sagastizabal, del PNV, ha cuestionado la «improvisación» de un decreto que no tiene en cuenta los conciertos vasco y navarro, y ha instado al Gobierno a «aparcar las diferencias» y a tratar de buscar «puntos de encuentro» a través de un nuevo decreto avisando de entrada que todo lo que se decida será un «parche» mientras no se reforme la Ley de Estabilidad.
También ha instado derogar esta norma pero también el artículo 135 de la Constitución la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, como alternativa a un decreto «inasumible» porque, a su entender, supone «una conculcación de la autonomía municipal».
Desde Junts, sin embargo, Ferrán Bel ha defendido que se pueden alcanzar soluciones sin cambiar ese artículo 135 de la Carta Magna, y ha animado a Montero a «tragarse el orgullo» y a aprobar un nuevo texto eso sí «con garantías de ser convalidado».
«Lo que hace falta es derogar la ‘Ley Montoro’ que asfixiaba a los ayuntamientos. El Gobierno debe aprender que está en minoría y solo suma mayoría negociando, y ser valiente en cumplir sus promesas», ha escrito, por su lado, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, a través de su cuenta personal de Twitter que ha recogido Europa Press. Una reflexión compartida con el diputado del BNG, Néstor Rego.
«AFECTA ESPECIALMENTE A GALICIA»
En concreto, Rego ha instado al Gobierno a derogar la ‘Ley Montoro’ para permitir a los ayuntamientos la utilización de sus ahorros en el contexto de la pandemia de la covid-19.
El nacionalista ha considerado «el bloqueo» de los remanentes «una medida injusta» y ha advertido de que «afecta especialmente a Galicia, ya perjudicada por los criterios del sistema de financiación de las entidades locales, que hace que los ayuntamientos gallegos tengan 50 euros menos por habitante que la media del estado».
De hecho, ha considerado «aún más lesiva» para Galicia la propuesta de repartir el 60% del fondo en función de la población, al «obviar» criterios como dispersión o envejecimiento.
Igualmente, ha visto «injusto» que el decreto «no incluya al personal del servicio de ayuda en el hogar en la consideración de accidente laboral por contagio de la covid-19», y ha reclamado que sea modificado.
ALIADOS, NO PALMEROS
Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, ha rechazado lo que ha definido como un «acuerdo con forceps» en el seno de la FEMP y ha reprochado a Montero su intento de «culpabilizar a la oposición». También ha exigido un nuevo decreto y que deje de «negociar a última hora y con nocturnidad». «Aprendan que tiene aliados, no palmeros», ha enfatizado.
En el Grupo Mixto, todos se han reafirmado en su negativa a convalidar este decreto ley: la CUP ha afeado al Gobierno que pretenda «centralizar los ahorros», CC le ha acusado de «chantajismo», NC y UPN han cuestionado que se trate a los ayuntamientos como administraciones de segunda, el PRC ha pedido una modificación exprés de la Ley de Estabilidad y Foro Asturias ha denunciado el trabajo de «incautación» que pretende ejecutar el Ejecutivo con esta medida.
Tras reconocer que este decreto ha «tensado las costuras» de la coalición de Gobierno y también las internas de los partidos que lo componen, el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha defendido que, al final, Hacienda ha «escuchado» y ha hecho un «esfuerzo sincero» con su última oferta, aunque no ha sido suficiente. «Hoy ganan los agoreros», se ha lamentado, a la vez que ha urgido a Montero a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Su socio catalán, En Comú, también ha valorado el acuerdo alcanzado «in extremis» con el Gobierno, que consideran «un buen punto de partida» pese a haber llegado «tarde». Ahora bien, por boca de su diputado Gerardo Pisarello, ha pedido a la ministra de Hacienda que haga «autocrítica» y reaccione «de manera inmediata» presentando un nuevo decreto. «Cuando uno está en el Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades», ha aseverado.
Por último, en el PSOE Patricia Blanquer ha trasladado el apoyo de su grupo a la ministra y ha añadido que «no hay excusa» para no convalidar este decreto y que no hacerlo «choca» con la defensa del municipalismo y supone un «maltrato» a la ciudadanía.
