El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala, en un auto con fecha del 9 de septiembre, los servicios mínimos establecidos por la Xunta para las jornadas de huelga convocadas en la educación en un contexto marcado por la covid-19, y que había recurrido el comité de huelga, integrado por CIG, CC.OO., STEG y CSIF.
En el fallo, se incide en que «pocas veces la Administración, a la hora de fijar los servicios mínimos esenciales ante la convocatoria de una huelga, han sido tan clara y precisa en la justificación de las medidas adoptadas».
También alude reiteradamente a la «gravísima situación» sanitaria y traslada un mensaje a los sindicatos: «No quiere pensar este Tribunal que las centrales sindicales que se agrupan en el comité de huelga recurrente carecen de la especial sensibilidad de la que, con buen criterio y especialmente en estos últimos días, hace gala la inmensa mayoría de la sociedad española, excluida, obviamente, aquella escasa representación que niega la existencia de la pandemia».
Asimismo, en lo que respecta al «porcentaje del 100%» de servicios mínimos, señala que «sería excesivo» en una situación de normalidad pero que en el actual escenario hace que «parezca razonable y justificado».
Entre otras cuestiones, también se refiere a la «necesidad de recuperar, en la medida de lo posible, la vida cotidiana y permitir a los progenitores conciliar su vida laboral y familiar, contribuyendo, de ese modo todos, a regenerar la dañada economía nacional que, con medidas de huelga como la prevista, sin los servicios mínimos establecidos, solo podrá resultar más perjudicada».
AUTO CON SESGO «PROFUNDAMENTE POLÍTICO»
En un comunicado, CIG ha mostrado su rechazo a esta decisión y ha cargado contra un auto «lleno de valoraciones y opiniones de carácter político, más propias de un gabinete de comunicación de la Xunta o del PP que de un alto tribunal».
A juicio del sindicato, el fallo tiene un sesgo «profundamente político» y «pone contra las cuerdas la libertad del profesorado y del resto del personal de los centros educativos para ejercer el derecho sindical a rebelarse contra la irresponsabilidad de la Xunta.
